[OPINIÓN] Sonia Chirinos: Investigar y castigar

Mi padre solía decirme que nadie, ni el presidente de gobierno, tenía tanto poder como un juez de instrucción. Decide sobre la vida y hacienda de los sospechosos, siendo consciente de que sus decisiones pueden mellar un prestigio, un futuro profesional: una vida.

Pongo como ejemplo de ese poder la impresionante entrada de los agentes del FBI en el domicilio de Trump, respecto a la cual el fiscal general ha salido a dar las explicaciones necesarias. Me gustó su llamada de atención: todo se hizo bajo supervisión judicial.

Ninguna limitación de derechos se puede hacer sin explicar las razones de la decisión. Otra cosa sería arbitrariedad. Lo más alejado del concepto de justicia.

Yo ya no ejerzo de juez de instrucción. Me encuentro ahora en la interesante posición de vigilar la legalidad de las decisiones judiciales desde un tribunal de apelación. En España tenemos un sistema procesal que, más que favorecer, parece que obliga a cuestionar cualquier decisión judicial. Hay veces en que los argumentos que esgrimen los abogados en defensa de sus intereses brillan por su ausencia. Pero el papel lo aguanta todo, y el cliente privado de sus derechos es el primero en obligar a su abogado a que recurra.

Cualquier limitación de derechos fundamentales, sea por vía de un allanamiento de morada o de privación de libertad, de quien goza de la presunción de inocencia es algo muy serio. Y no por reiterado que sea el recurso puede ser valorado con ligereza. Ni se trata de anticipar condenas ni de cercenar a los investigadores su capacidad para investigar. Se trata de no volvernos locos, de no anticipar el resultado de las acciones y de dar un voto de confianza al sistema judicial. Ahí donde merezca el nombra de tal.