En los últimos días, cunden en redes sociales los actos de demencial represión de la dictadura venezolana contra miembros de la oposición, que obtuvo legítimamente la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Son visibles a los ojos del mundo hasta transmisiones en vivo de las propias víctimas segundos antes de su secuestro.
Con los medios de comunicación tomados por el régimen de Nicolás Maduro, las plataformas digitales son el único nicho democrático que queda en el país llanero. Allí se organizaron los movimientos ciudadanos para acopiar las actas electorales impresas que dan cuenta del irrefutable triunfo de Edmundo González Urrutia frente al chavismo, que ya no sabe cómo sostener el fraude para aferrarse al poder.
Un desesperado intento significó el anuncio de Maduro del 8 de agosto de suspender el acceso a X por diez días. En ese lapso, la ciudadanía organizada sospecha que la dictadura, a través del Tribunal Supremo de Justicia, podría convalidar el fraude de manera subrepticia.
Dos días antes, el dictador pidió a la población eliminar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp porque, dijo, a través de ella se viene amenazando a militares, policías y líderes comunitarios. También ha amenazado con regular a Instagram y TikTok debido a que “son multiplicadores del odio y del fascismo”.
Pero los ciudadanos también han contestado. En el caso de X, se viralizaron los métodos para acceder a la plataforma en Venezuela usando VPN (Red Privada Virtual), la cual funciona como intermediario, ocultando la identidad y ubicación real del usuario mientras navega, permitiendo acceder a contenido restringido geográficamente.
Además, el canal de YouTube de Diosdado Cabello y el de la Televisora Venezolana Social, de propiedad del Estado, fueron eliminados de la plataforma ante la denuncia de miles de usuarios por ser incitadores de odio y violencia. Cabello, segundo al mando, había señalado: “Volveremos a la Edad de Piedra si es necesario. Si tenemos que dejar de usar WhatsApp o TikTok, lo haremos, pero no van a derrocar al gobierno usando redes sociales”.
¿Verdaderamente puede Maduro tomar el control de las plataformas digitales para impedir que se conozcan las tropelías a los opositores y perpetrar el fraude electoral?
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MADURO TIENE MIEDO
Erick Iriarte Ahón, especialista en derecho digital, señaló que “para poder acceder a una plataforma digital, necesitas una conexión a Internet. El principal proveedor de Internet en Venezuela es el Estado, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Entonces, si el Estado controla a qué vas a acceder, puede ordenar darle de baja al acceso que puedes tener a X”.
En conversación con Perú21, mencionó que “se ha reconocido que las empresas de telecomunicaciones están bloqueando Signal”, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp por la que también se comunica la oposición, y “la Fiscalía está haciendo denuncias contra titulares de determinadas páginas web que están publicando las actas electorales por supuestamente divulgar documentos falsos. Esto termina afectando la libertad de expresión y de prensa”.
Reconoció que existen otros métodos, como usar VPN o enlaces satelitales, con los que es posible comunicarse ante el bloqueo de la dictadura. Por ello, dijo que este tipo de acciones de Maduro “no tiene un efecto per se, pero sí es una demostración de miedo de que la gente tenga libertad de expresión y se organice”.
¿Qué más podría intentar hacer el dictador? Iriarte dijo que “lo siguiente es cortar el acceso a Internet a los ciudadanos, eso es lo que hace una dictadura”.
La Conatel depende del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la dictadura. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del país llanero le otorga la facultad de tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos. Aunque un artículo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé su autonomía, otro señala que el presidente puede nombrar y remover a su director y a su directorio, por lo que carece de independencia y es controlada por el régimen chavista.
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