¿A qué juegan?

Faltan menos de dos años para que los peruanos conozcamos quiénes serán los nuevos congresistas y, probablemente, quiénes se encontrarán disputando la segunda vuelta para ganar la elección presidencial. Sin embargo, se agota el tiempo para aplicar reformas que eleven los requisitos de postulación y que mejoren la representación política.

En esa espera duerme el sueño de los justos el dictamen que prohíbe la postulación de sentenciados —aunque hayan cumplido su pena— por delitos graves como secuestro, homicidio, delitos contra la democracia, corrupción, entre otros. Esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución en marzo de 2023, hace más de un año. Se vio en el Pleno hace cinco meses y luego, a pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, el tema pasó a cuarto intermedio para incorporar algunas observaciones, y de ahí no se sabe nada.

Ante la advertencia hecha ayer por este diario sobre el injustificado retraso del Congreso para debatir y votar esta reforma, el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, señaló en dónde está el origen del problema. “El presidente del Congreso, ni la Mesa Directiva, tienen en la agenda de orden del día ningún proyecto referido al impedimento en la postulación de sentenciados a cargos de elección popular. Dicho dictamen se encuentra en la Comisión de Constitución hace varios meses; por lo tanto, cuando ellos evalúen la priorización del debate, se le dará el trámite correspondiente”, dijo en su cuenta de X.

El tema es tan trascendente que la abogada constitucionalista y columnista de Perú21 Milagros Campos explicó que la ley “busca tener candidatos idóneos y restablecer la confianza de los ciudadanos en la política y en la democracia como sistema de gobierno”. Y, para quienes quieren poner en la balanza el derecho de participación de un condenado con pena cumplida versus el derecho de la sociedad, Campos dejó en claro que “los derechos políticos no son absolutos” y que, además, la prohibición no es eterna.

El Parlamento no puede, pues, hacer la del avestruz en un asunto de tanta importancia. Tiene que darle una señal de transparencia a la población y demostrar que la mayoría de congresistas no baila al son de los intereses de algunos grupos. La demora para que se vuelva a agendar el dictamen no es poca cosa, ya que, al ser una reforma constitucional, debe ser aprobada en dos legislaturas ordinarias con 87 votos, o en una legislatura con 66 votos y ratificada en referéndum. ¿O será que algunas bancadas, con líderes con pesada mochila judicial, no quieren mover un dedo?