Chantaje contra el Perú

La postura de las bancadas de izquierda de rechazar la reconsideración de la votación para concretar el adelanto de elecciones a octubre de este año mostró el peor rostro de la política actual. Un condicionamiento con visos de extorsión y, cómo no, manchado de sangre.

Nos referimos al burdo chantaje de exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente a cambio de acceder al adelanto de elecciones. Una cantaleta que Perú Libre, la Fenatep, el Conare-Movadef han resucitado y están colando en las consignas de las protestas callejeras de cada día, antes de que estas pasen a convertirse en meras turbas ávidas de violencia y destrucción.

¿Qué sentido tiene convocar una Asamblea Constituyente en el Perú de estos momentos? Un proceso político que solo significará pérdida de tiempo y de dinero para los contribuyentes, cuando el país necesita enfocarse urgentemente en recuperar su economía, atraer inversiones, generar empleos de calidad, mejorar las coberturas de salud y educación entre los más necesitados. Esos necesitados que justamente esa misma izquierda dice defender, pero al mismo tiempo le niega la posibilidad de comenzar de inmediato a reconstruir sus ingresos familiares.

La pretensión obvia es imponer a los peruanos una Constitución al estilo de Venezuela o Nicaragua, países a los que solo la ceguera de una ideología caduca, fracasada y antidemocrática puede hacerles identificar como ejemplos de sociedades presuntamente “justas”.

No obstante, basta preguntar a los cientos de miles de venezolanos que han migrado a nuestro país para entender los extremos de miseria y corrupción a los que ese sistema político estatista ha llevado a su país.

Eso mientras en las calles la gente azuzada por ellos mismos continúa siendo expuesta como carne de cañón para enfrentar a las fuerzas de seguridad con todo tipo de armas artesanales y artefactos caseros, afectando con sus feroces ataques a la propiedad pública y privada y a millones de peruanos.

El chantaje por un tema que hace menos de un año tenía solo 7% de prioridad frente a otros problemas realmente acuciantes para la ciudadanía es inaceptable para una democracia. Y peor aún que partidos teóricamente democráticos estén jugando en pared con los violentistas al sumar sus votos al interesado obstruccionismo de la izquierda en el Congreso.