Allanados y ofendidos

Luego de que Odebrecht finalmente reconociera que en el Gasoducto del Sur hubo también pagos ilícitos, la justicia peruana no ha tardado en ponerse manos a la obra.

Ayer mismo, la fiscal Geovana Mori Gómez, del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encargada del caso, ordenó el allanamiento y descerraje de 26 inmuebles, a cuyos propietarios u ocupantes ya se les investiga por negociación incompatible y diversos delitos en agravio del Estado. Una de las viviendas intervenidas fue la de Nadine Heredia.

La ex primera dama, al igual que su esposo, el expresidente Ollanta Humala, negó sistemáticamente, durante y después de su gobierno, las denuncias sobre irregularidades en torno al Gasoducto. Sin embargo, con la información recientemente revelada de los sistemas Drousys y My Web Day de la Caja 2 de Odebrecht, que consignan los desembolsos que la empresa brasileña llevó a cabo al respecto, la verdad ha salido a flote: nada menos que un total de 3 millones de dólares, en órdenes de pagos subrepticios que oscilan entre los 20 mil y 900 mil dólares, entregados en distintas fases del proyecto.

La fiscal Mori le atribuye a Heredia “haber acordado y mantenido reuniones con funcionarios vinculados al proyecto Gasoducto Sur y representantes del Grupo Odebrecht, mostrando un interés por ese grupo en el concurso público”, razones por las cuales ella sería una pieza clave de la pesquisa, todavía en sus inicios.

Estamos pues ante otro pavo engordado artificialmente y que hasta no hace mucho pasaba casi desapercibido entre los grandes escándalos en los que la empresa brasileña ha estado involucrada en el Perú. Luego de la obligatoria ampliación del acuerdo de colaboración con la Fiscalía peruana, seguramente la data que fluirá vendrá cargada, como en casos anteriores, de impactantes novedades, o valiosas corroboraciones, que no por trasegadas largamente, son menos importantes en un proceso judicial.