El cándidamente bautizado “Año de la consolidación y recuperación de la economía peruana” empezó con una declaración predecible y vacía: “El déficit fiscal no es sostenible” de parte del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Palabras recicladas que no inspiran confianza y solo refuerzan la inacción del MEF en los últimos años para liderar un crecimiento estable. El MEF se ha dedicado a gastar dinero de todos los peruanos irresponsablemente. El país no necesita más discursos, necesita decisiones urgentes y gestión.
En 2024, la economía peruana mostró una recuperación tras la contracción del 0.55% registrada en 2023. Según el Banco Central de Reserva (BCR), el PBI habría crecido un 3.2%, impulsado por sectores como la manufactura, construcción y exportaciones. Sin embargo, este desempeño no fue un verdadero crecimiento, sino más bien un rebote estadístico y un ajuste del consumo privado. Lo preocupante es que la inversión privada apenas asoma la cabeza, lo cual nos aleja del objetivo de crecer al menos 5% al año, algo fundamental para generar empleo formal y reducir la pobreza.
Los gremios empresariales lo hemos dicho claramente y sabemos que es factible lograrlo. Los precios favorables de los minerales nos dan una ventana de oportunidad única, pero alcanzar esa meta requiere un MEF que lidere con medidas claras y efectivas. Hoy, eso no está ocurriendo. Deberían desarrollarse 7 proyectos mineros de los cuales 2 o 3 están en Cajamarca, región más pobre del Perú gracias a sus políticos de izquierda.
La burocracia asfixia a las micro y pequeñas empresas, que son el motor de nuestra economía. Las políticas regulatorias deben ser racionales y proporcionales, pero lo que vemos es un exceso de trabas que desincentivan la formalización y limitan el crecimiento. Las normas laborales han fracasado, no entiendo como tenemos un Ministerio de Trabajo cuando el 72% o más de los trabajadores son informales. Sin reglas sencillas y claras, la inversión privada, que representa el 80% de la inversión total en el país, no va a despegar.
El caso de Petroperú es insostenible. Miles de millones de soles que deberían destinarse a salud, educación o seguridad ciudadana se pierden en una empresa mal gestionada. Que además ahora contamina con derrames y las ONG mudas no persiguen a la empresa estatal, porque saben que no hay negocio.
La consolidación fiscal no es solo un título bonito. Es una necesidad urgente. En 2024, el déficit fiscal alcanzó niveles preocupantes y el MEF dejó de ejecutar S/12,246 millones en inversión pública, según sus propias cifras. Esto no solo es ineficiencia, es negligencia. Urge un programa de austeridad efectivo, reducción de muchos ministerios y entidades públicas burocratizadas. A esto se debe sumar el diálogo con el sector privado para generar confianza y atraer más inversiones.