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[Opinión] Ana Jara: “2024 ¡No al largo y tortuoso camino!”
Largo y tortuoso camino será esperar a tener un nuevo presidente/a de la República jurado en el cargo para julio de 2024, que es lo aprobado por ahora, porque, así como están las cosas en el Perú, no se hace posible esperar a tal fecha; no es posible ignorar a los 50 muertos presentados en el contexto de la represión de las fuerzas del orden a las protestas sociales y actos vandálicos que estallaron luego de la caída del régimen del golpista Pedro Castillo –crímenes que son materia de investigación por parte del Ministerio Público a fin de individualizar a los culpables–, el generalizado descreimiento de la población en sus autoridades y el malestar efervescente de las provincias que aflora en buena parte al haber internalizado los mensajes divisionistas y discriminatorios entre peruanos sembrados por la gestión saliente, que aprovechó para sí la desigualdad social a causa de la pobreza y pobreza extrema existente en el país. Son factores que entenebrecen la agenda nacional y la vida cotidiana en el Perú.
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Largo y tortuoso camino será esperar a tener un nuevo presidente/a de la República jurado en el cargo para julio de 2024, que es lo aprobado por ahora, porque, así como están las cosas en el Perú, no se hace posible esperar a tal fecha; no es posible ignorar a los 50 muertos presentados en el contexto de la represión de las fuerzas del orden a las protestas sociales y actos vandálicos que estallaron luego de la caída del régimen del golpista Pedro Castillo –crímenes que son materia de investigación por parte del Ministerio Público a fin de individualizar a los culpables–, el generalizado descreimiento de la población en sus autoridades y el malestar efervescente de las provincias que aflora en buena parte al haber internalizado los mensajes divisionistas y discriminatorios entre peruanos sembrados por la gestión saliente, que aprovechó para sí la desigualdad social a causa de la pobreza y pobreza extrema existente en el país. Son factores que entenebrecen la agenda nacional y la vida cotidiana en el Perú.
Los poderes del Estado parecen sostener un diálogo de sordos. Muchos han señalado que la salida a la actual coyuntura teñida de sangre que puede desembocar en una guerra civil –y nadie, salvo que odie a su nación, quiere un escenario así– es que el Ejecutivo y el Legislativo entiendan de una buena vez que la solución está en sus manos, que no se trata de abdicar del orden democrático ni acceder a esa corriente anarquista que se cuelga del malestar ciudadano para pescar a río revuelto, sino de poner fin a esta crisis y contar con nuevas autoridades políticas electas legitimadas por las ánforas, como dicta nuestra democracia, ahora, en 2023, porque, entiéndanlo, SÍ ES VIABLE llevar a cabo las elecciones generales este año, en 270 días, como dictan las normas electorales, esto es nueve meses, de tal forma que a fines de diciembre ya tendríamos nuevo gobierno y congresistas.
“A grandes males, grandes remedios” (refrán), salvo la modificación constitucional que habrá de hacerse, que por única vez el próximo mandato presidencial sería de cuatro años y medio para volver en adelante a los cinco. Dejemos ya que las autoridades entrantes hagan las grandes reformas de Estado que se requieren para construir y mantener la paz social, porque también se trata de legitimidad y esta va en caída libre a juzgar por la reciente encuesta nacional de IEP, donde solo un 19% aprueba a la presidenta Boluarte y a duras penas un 9% lo hace con el Congreso.
¿Y qué de aquello que la salida es que renuncie Boluarte? Al respecto habría que sincerarnos: los radicales, los antisistema, no el pueblo que protesta pacíficamente, ya olieron sangre y no se conformarán con el actual o cualquier otro presidente del Congreso que asuma transitoriamente la jefatura del Estado si no sale de las canteras de las bancadas castillistas, y, con todo respeto, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
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