Atrapados sin salida

Estamos hablando de un total de 75 mil empleos directos e indirectos que dependen del funcionamiento de la mina y que corren el riesgo de irse al tacho. Todo debido a la anarquía en que la mansedumbre del Ejecutivo ha sumergido a esta zona de Apurímac. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y contingentes de comuneros enardecidos –que a menudo incluyen niños o personas heridas durante los enfrentamientos– son pan de cada día y poco a poco vienen escalando peligrosamente.

Los líderes sindicales –que encabezaron la marcha de los trabajadores de la mina el miércoles último– acusaron al gobierno de haber empeorado el conflicto por la ineptitud y la desidia con que lo está afrontando. Y no les falta razón en absoluto. Para no pocos analistas –y como denunció uno de los dirigentes del sindicato de Las Bambas– pareciera incluso que sectores extremistas del oficialismo no tuvieran interés alguno de encontrar una solución a la creciente violencia y al entrampe en que se encuentran las negociaciones, no solo en la mina Las Bambas, sino en todo el país.

Recordemos que con la paralización de la mina, el Perú deja de percibir 9.2 millones de dólares diarios. Eso, aparte de los 5 millones de soles diarios que la región está perdiendo por concepto de canon y regalías, que, de seguir alargándose, no tardará mucho en reflejarse en masivas pérdidas de empleo y deterioro del nivel de vida en una zona que ya de por sí venía librando una dura lucha contra la pobreza.

Que el Ejecutivo haya abdicado como autoridad en la región, y continúe cruzado de brazos ante el tremendo perjuicio económico que el conflicto le está causando al país, es otra muestra más, la enésima, de su ya sospechosa incompetencia.

¿Qué está esperando Castillo? ¿Que aumenten los heridos y lleguen las muertes, como cínicamente amenazaron los comuneros más intransigentes y belicosos?