Black Friday

Ayer fue un viernes negro para el empresariado peruano. Mientras en Paracas se realizaba una versión más del encuentro más importante del sector, la sede de su gremio más emblemático era allanada por mandato judicial. Un grupo importante de hombres de negocios ha tenido que reconocer sus aportes no declarados a campañas electorales, lo que se suma a la complicidad de otros con constructoras brasileñas en delitos de sobornos para conseguir licitaciones públicas. Esta vez, el colapso del establishment político parece traerse consigo la caída de quienes lo han sostenido económicamente. ¿Hasta qué punto estamos ante una crisis estructural de clase empresarial o solamente ante un episodio de crisis reputacional que, con el paso del tiempo, se subsanará?

La justicia peruana ha dado un giro. El empoderamiento del equipo Lava Jato ha impreso a la administración de justicia un talante histriónico y populista. Por ahora, ha apelado más al ajusticiamiento simbólico, a costa del empleo arbitrario de medidas preventivas en contra de sospechosos comunes. La opinión pública –medida en encuestas– ha celebrado el ajusticiamiento precoz de políticos, abogados y empresarios, aunque la reciente libertad de varios inculpados –ya sea por término de medidas preventivas o por excesos asociados al procesamiento– empieza a generar dudas sobre la eficiencia de este estilo de lucha anticorrupción.

El involucramiento de la clase empresarial en la mira de los fiscales es el resultado del escalamiento de la dinámica operativa detallada. La percepción de justicia aumenta cuanto más poderoso es el inculpado. Nada más gratificante para las mayorías que un integrante de la élite tras las rejas o al menos “colaborando con la justicia”. Hay, pues, una sensación de revancha, de desquite, de reivindicación histórica –casi velasquista– cuando un policía de la Diviac allana la Confiep. Pero luego de que la noticia se envuelva en periódico de ayer, ¿se podrá develar realmente los hechos e identificar la existencia de delitos? ¿Qué nos garantiza que esto no vuelva a ocurrir?

Por los testimonios de los involucrados, no quedan dudas de las faltas éticas cometidas por empresarios y políticos. Tampoco de que el establishment se erigió en base a acuerdos por debajo de la mesa. No hay justificación que valga, ni siquiera el chavismo más atemorizante. Pero ni las acusaciones grandilocuentes ni los mea culpa más sinceros son suficientes si no avanzamos hacia un modelo de financiamiento transparente de la política (por ejemplo, “partidos por impuestos”). Que la indignación sirva para reformas urgentes, y no para sostener más ajusticiamiento populista.