Esta semana hemos tocado fondo en seguridad ciudadana y ha sido clave para apreciar que no hay brújula, que no se ven ni se verán soluciones en manos de este gobierno.
El hecho de que un profesor haya sido asesinado por sicarios en la puerta de un colegio en Ate y frente a sus alumnos muestra que los criminales están rebasando límites que no amenazarían si el sistema de seguridad del país funcionara aunque sea mínimamente. Ante esto, esperaríamos que el Gobierno actúe estratégicamente, pero no, el ministro de Educación, Morgan Quero, apareció en la escuela en un acto de figuretismo y ante el reclamo de las familias optó por gritar arengas con el nombre de la víctima, lo que resultó impertinente y vergonzoso. ¿Soluciones? Ninguna. ¿Coordinación con el ministro del Interior? Nada. De hecho, se trata de un distrito en estado de emergencia, y el Gobierno hasta ahora no ha podido argumentar en favor de la efectividad de esta medida y solo atina a lanzar mensajes ambiguos, como esto que dijo el premier Gustavo Adrianzén: “Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores, y no son los que estamos esperando”. Entonces ¿por qué insistir? ¿Por qué prometer seguir trabajando o duplicar acciones que no son las mejores ni lo que están esperando?
No terminábamos de procesar el desconcierto ante el cinismo, indiferencia e incapacidad del Gobierno, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, hacía un papelón anunciando que había detenido heroicamente al número dos de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, pero un poco después los medios señalarían que se trataba de un error. Sea una patinada, desinformación, una estrategia para desviar la atención o un intento desesperado por mostrar logros en su gestión, es grave que alguien así se mantenga a cargo de la seguridad de los peruanos.
No había acabado la semana y durante la huelga de trabajadores del Ministerio Público, un trabajador de la Morgue Central de Lima se dirigió a la presidenta para expresar que están colapsados debido al aumento de cadáveres por sicariato. Cuestionó la actitud de Boluarte que dice que para ella todo está bien y no hay ningún problema, y alertó que la realidad es mucho más fuerte de lo que se puede observar a través los medios, donde según él solo se ve la punta del iceberg.
Y en medio de todo esto, “¿a quién hay que reclamarle la seguridad ciudadana?”, se preguntó en un discurso de forma manipuladora la presidenta Dina Boluarte para desentenderse de su responsabilidad ante el desborde de la criminalidad y los cuestionamientos de la ciudadanía. Ella quería mostrar desesperadamente, igual que sus ministros, que el gobierno atrapa a los criminales, pero el Ministerio Público los suelta. Esta pregunta revela tanto sobre el desamparo en el que se encuentran los peruanos y la falta de rumbo en materia de seguridad ciudadana, ya que Boluarte como presidenta de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional, y al hacer esa pregunta, está rehusando a su función constitucional de garantizar la seguridad de la Nación en el ámbito interno. Esta retórica populista sea porque mienta, desconoce su función, o minimiza la realidad, muestra lamentablemente que no hay liderazgo, ni capacidad, ni voluntad para resolver el problema de fondo, ni en corto, y menos en largo plazo. Nuevamente, queda en la ciudadanía actuar de tal manera para exigir una estrategia y efectividad en la lucha contra la inseguridad, porque el Congreso ni siquiera se atreve a buscar la censura del ministro del Interior. Cuando Boluarte pregunta ¿a quién hay que reclamarle? Por supuesto que a ella, es la jefa suprema de las fuerzas de seguridad del país, y tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de la Nación, cumplir la Constitución y velar por el orden interno.
