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Bombas en el socavón
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La minería formal sigue en la mira de la delincuencia organizada. El atentado contra la empresa minera Marsa es el tercero en lo que va del año. Un tema que se va agravando sin que las autoridades logren hacer algo realmente efectivo para contener los embates criminales de la minería ilegal.
La madrugada del martes, sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la minera, en Llacuabamba, Pataz, en la convulsionada región de La Libertad. Los criminales tomaron cuatro rehenes y lanzaron cartuchos de dinamita tanto en las oficinas de la empresa como en la excavación.
Como se ha dicho en anteriores oportunidades, una de las causas de estos ataques terroristas contra la minería formal, en especial en la región de La Libertad –todavía están frescos atentados similares contra la minera Poderosa, no muy lejos de allí– es la falta de una estrategia seria contra la violencia en el sector. Pero, asimismo, es producto también de legislaciones interesadas emitidas por el Congreso de la República.
Para empezar, es hora ya de acabar con la fantochada en que se ha convertido el Reinfo, norma equívoca de la cual se cuelgan ilegales y extorsionadores que se dedican a depredar, bajo su amparo, los yacimientos que se les viene en gana, disfrazados de inocentes emprendedores artesanales.
En declaraciones recientes, el empresario minero Roque Benavides ha puesto el dedo en la llaga y ha pedido al Parlamento no renovar el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). “El Reinfo ha sido prostituido, pasaba de mano en mano y no ha cumplido su rol”. ¿Por qué lo han extendido tantas veces y posiblemente lo vuelvan a hacer? Benavides también dio una respuesta: “Me temo que hay muchos parlamentarios que representan la minería informal e ilegal, y a esa gente la tenemos identificada”, puntualizó.
La minería ilegal es ya una de las modalidades criminales que más daño está haciendo a la institucionalidad de la democracia peruana. Como otras prácticas delictivas –universidades bamba, taxis colectivos, maestros incompetentes– estas organizaciones cuentan, efectivamente, con lobbies en el Congreso que las defienden de manera grosera.
Y este contubernio de cierta clase política con el crimen organizado va a entrar en juego, asimismo, en las próximas elecciones. Si tenemos en cuenta el volumen de dinero ilícito que se mueve en esos márgenes de la ley, puede que los dinamitazos en Pataz –que algunos en la capital todavía sienten lejanos– no estén sino anunciando una catástrofe que solo se podrá evitar si el Perú actúa desde hoy mismo.
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