Calladita la boca

Dos denuncias expuestas en los últimos días, una de ellas por Perú21 sobre el sospechoso manejo de aportes en la campaña de Perú Libre, y otra (difundida en Latina TV) sobre el mal uso del dinero de financiamiento público directo, que está terminando en los bolsillos de los dueños de los partidos, deberían hacer reaccionar a la ONPE y obligarla a poner más celo en su trabajo.

Editorial Perú21

Fecha Actualización

21/09/2022 - 07:00

Dos denuncias expuestas en los últimos días, una de ellas por Perú21 sobre el sospechoso manejo de aportes en la campaña de Perú Libre, y otra (difundida en Latina TV) sobre el mal uso del dinero de financiamiento público directo, que está terminando en los bolsillos de los dueños de los partidos, deberían hacer reaccionar a la ONPE y obligarla a poner más celo en su trabajo.

Resultan inadmisibles e insuficientes la razones con que, en el ente electoral, justificó lo que a todas luces es un grave y extraño descuido, casi una maniobra de encubrimiento (”Los informes financieros presentados por las organizaciones políticas durante la elección general 2021 son aún parte de un proceso de verificación. Así como la primera entrega de los informes financieros de los candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022, cuyo plazo de presentación culminó el viernes 16").

Como ha indicado un destacado especialista, si conocían las infracciones cometidas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, por el partido ganador de los últimos comicios desde hace cinco meses, ¿cómo es que no actuaron con el debido rigor y aceleraron sus ‘verificaciones’? Ha tenido que ser la prensa independiente, otra vez, la que devele estos ilícitos que constituyen una burla no solo de la ley electoral, sino de la democracia peruana.

Si bien hay otros casos similares de fondos desviados irregularmente –aprovechando sendos vacíos de la normativa– en los partidos que participaron en la contienda, que por supuesto también deben ser sancionados, lo de Perú Libre es realmente escandaloso. La informalidad de la organización que dirige Vladimir Cerrón, en la que, sin ir muy lejos, se declaran docenas de cifras inconsistentes con aquellas que se gastan, no debe servir de pretexto para demorar las investigaciones.

¿O es que con unos son drásticos y les aplican todo el peso de la ley, mientras que a otros se les trata con silenciosos guantes de seda? La violación de las normas de financiamiento de partidos es groseramente obvia y todo indica que estamos ante un caso que, además, prácticamente califica como lavado de activos.

¿Qué está sucediendo en la ONPE?

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