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Reformas políticas para malestares sociales

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Fecha Actualización
La crisis chilena ha generado un debate sobre la (dis)continuidad del modelo económico de libre mercado, bajo el supuesto de que el estallido social se explica por un problema estructural de desigualdad y deficiencias en la redistribución de la riqueza. Tal deliberación debería incluir, asimismo, los orígenes políticos de ese malestar social, encubado en un sistema de partidos incapaz de canalizar las demandas sociales.
El conjunto de reformas políticas aplicadas en Chile durante los últimos años, parece haber catalizado el descabezado (sin representantes) desborde de protestas. Ni el voto voluntario (instaurado en el 2012), ni el cambio de un sistema binominal a otro proporcional (establecido en el 2015), ni las primarias para la designación de candidaturas presidenciales y congresales han dado la talla. Por el contrario, es posible argumentar su efecto antónimo (o inocuo, en el mejor de los casos).
Ya en el 2017, el voto voluntario catapultó el ausentismo del padrón electoral chileno en más del 50%, favoreciendo que más de la mitad del electorado no participara en la elección de la clase política en vigencia. El sistema proporcional, que coadyuvó al surgimiento de terceras fuerzas (el Frente Amplio), mantuvo la escisión entre clase política y movimiento social típica del “duopolio” (Chile Vamos y ex Nueva Mayoría). Las primarias, organizadas por la autoridad electoral nacional y abiertas a militantes e independientes, legitimaron la oferta de las coaliciones participantes (Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez). Sin embargo, el pluralismo y el participacionismo pretendidos con ambas medidas, se diluyeron en manos de partidos y estilos políticos anquilosados. No obstante, generaron expectativas, lo que sumaron a la conmoción social de hoy.
El levantamiento de esperanzas que generan algunas propuestas, hace más evidente el cuidado extremo necesario al llevar a cabo reformas políticas. Chile ilustra claramente a Perú, los efectos del voto voluntario en la reproducción de la desafección social. También nos educa en el falaz involucramiento ciudadano en las decisiones partidarias, asociado a las elecciones primarias. Persistir en la implementación de estas propuestas, bien podría enervar nuestra ya grave insatisfacción popular.
Para evitar una ebullición social al estilo chileno, hemos de corregir la participación y la representación política. Lo primero, observando mecanismos de democracia directa (distinta a la participativa) asociados a la rendición de cuentas parlamentaria (revocatoria congresal), con el fin de canalizar demandas vía consultas entre elecciones. Ello sortearía la ira anti-legislativa y prevendría de cierres arbitrarios del Congreso. Lo segundo implicaría la modificación de los distritos electorales, para dar curso a los reclamos ciudadanos de forma consecuente con las dinámicas jurisdiccionales. Así se alcanzaría la representación de agendas locales (micro-distritos) y se agregarían las agendas regionales (macro-distritos). Estas propuestas, añejas entre mis sugerencias de reformas, se están evaluando hoy en Chile para amenguar su crisis.
Finalmente, las alarmas que despierta la protesta social en Chile no deben orientarse exclusivamente a la discusión sobre los límites del modelo económico. Nuestras reglas de juego políticas son corresponsables de la calamidad social. Un abordaje concienzudo y de luces, ha de incluir evidencia experimental sobre el comportamiento político.
La experimentación para la generación de políticas -como las de lucha contra la pobreza, recientemente laureadas con el Nobel de economía 2019- es imprescindible para ejecutar reformas institucionales efectivas y estabilizadoras. Los ensayos de gabinete existentes suponen a un ciudadano “republicano” perfecto: que participaría en primarias partidarias y seleccionaría a una “lista cerrada” parlamentaria. Una perspectiva experimental, en cambio, se funda en la realidad del ciudadano promedio: informal, capaz de revocar representantes e influir en políticas públicas a partir de referéndums y no de asambleas.
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