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[OPINIÓN] Mariana Alegre: “Lima da miedo”
El gobierno de Boluarte no solo debe aplicar estrategias para reducir y contener la criminalidad, sino que necesita crear oportunidades de empleo.
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La inseguridad ciudadana es un problema que afecta a Lima desde hace tiempo. Al ser la capital, la gran ciudad, es comprensible que los incidentes sean más y la percepción de desorden e inseguridad sean mayores que en otras zonas del país. Por algo es que, históricamente, la encuesta de Lima Cómo Vamos ha demostrado que la inseguridad ciudadana es considerada el primer problema urbano para los limeños. De hecho, el 80% de los encuestados en 2022 la consideró uno de los tres principales problemas de la ciudad.
Sin embargo, ahora, además de los crímenes usuales, nos estamos enfrentando a la ausencia de estrategia, a la carencia de planes efectivos, a la nula inteligencia y, peor aún, al desinterés de quienes deberían cuidarnos. Esto incrementa el crimen, potencia la delincuencia y la ley de la selva se vuelve moneda de cambio. Y es que, si el gobierno no actúa para desarticular bandas o para apresar a los choros y extorsionadores, entonces las víctimas se empiezan a organizar y a cobrar venganza.
La batalla campal en El Agustino entre mototaxistas y extorsionadores no solo es un peligro para las víctimas, sino que pone en riesgo a vecinos, vecinas y transeúntes. Incluso las escuelas de la zona han pedido a sus alumnos que se queden en casa para evitar riesgos.
El gobierno de Boluarte no solo debe aplicar estrategias para reducir y contener la criminalidad, sino que necesita crear oportunidades de empleo, que se volverán más escasas con la recesión. Tiene que promover la inversión privada, capacitar y formar a los ciudadanos, ofrecer alternativas laborales y propiciar la integración entre la población venezolana y la peruana, para así evitar la discriminación y confrontar a las personas entre sí.
Algunas medidas específicas que podrían implementarse incluyen el fortalecimiento del sistema de justicia penal para garantizar que los delincuentes sean procesados y sancionados de manera efectiva. Además, deben invertir en programas sociales que brinden oportunidades a los jóvenes para que no recurran a la delincuencia. Por supuesto, mejorar la iluminación y el mantenimiento de las calles y parques para que sean espacios más seguros y promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia.
La inseguridad ciudadana es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad y un rol protagónico del gobierno nacional. Solo a través de un trabajo coordinado será posible reducir la sensación de inseguridad en Lima y hacer de la ciudad un lugar más seguro para todos.
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