¿Cómo mejorar la calidad de nuestras leyes?

En el caso peruano, el problema de fondo parece que, además de estar en la improvisación de leyes específicas y en las buenas intenciones que producen resultados desastrosos y opuestos a los esperados, está también, y especialmente, en el proceso de generación de leyes y la consecuente calidad de la regulación que produce.

La calidad de nuestras leyes está íntimamente ligada a la capacidad de nuestro Congreso de establecer una aproximación sistémica en su elaboración. En el caso de la regulación del sistema financiero, por ejemplo, contamos con instituciones constitucionalmente independientes que cuentan con la experiencia y el conocimiento técnico necesarios, cuya opinión, además, es permanentemente requerida. Las normas tienen que considerar y emanar de ese conocimiento técnico e independiente. Las normas tienen que respetar el conocimiento del detalle técnico de los posibles efectos e impactos regulatorios de corto, mediano y largo plazo. Es fundamental que las opiniones emitidas por los organismos especializados, solicitadas por el Congreso, sean debidamente consideradas y respetadas. Asimismo, es importante garantizar que las normas propuestas cuenten con un análisis económico riguroso y se ajusten plenamente a los principios constitucionales.

Aunque resulte más que evidente, no tiene ningún sentido promover y aprobar normas que, como muestran los registros históricos globales de toda época, terminan siempre generando más informalidad, más mercados negros, más inseguridad, que inhibirán la innovación y que, por tanto, contrarrestarán los esfuerzos del sector privado por la inclusión. Insistir en ir por esos caminos es evidentemente un gran error. Un error que nos lleva a la aprobación de normas que a la larga pagaremos todos, como vemos, con mayores costos financieros derivados de una reducción de nuestra calificación crediticia, con menor crecimiento y con mayor población en situación de pobreza por la falta de inversión privada.

¿Cómo mejoramos la calidad de nuestras leyes, entonces? Una recomendación obvia es que se aprovechen al máximo las capacidades que ya tenemos en este momento en las instituciones autónomas especializadas. Otra es que se genere, privada o públicamente, como en todas las multilaterales, una Oficina Independiente de Evaluación y Supervisión, en este caso del impacto regulatorio. Esta oficina podría medir estadísticamente si el impacto efectivamente logrado en los plazos previstos se asemeja al impacto esperado al momento de aprobar la norma. Aprenderíamos muchísimo y nos permitiría crear conocimiento muy útil para mejorar nuestro bienestar.