Aun con todas las precariedades propias de nuestra gestión pública, si hay un aspecto en el que el Perú se ha desempeñado con excelencia es en el manejo de nuestra política fiscal. Es esta fortaleza la que ha permitido que, desde inicios de los noventa, nuestra economía sea resiliente aun ante las profundas y recurrentes crisis que caracterizan a nuestro sistema político.
No obstante, una serie de decisiones del Legislativo, el Tribunal Constitucional y recientemente del Ejecutivo han puesto a la estabilidad fiscal en la situación de mayor riesgo de las últimas tres décadas.
El inicio de los problemas tuvo lugar en el Congreso, donde en los últimos cuatro años se ha dado una serie de normas que elevan el gasto público de manera sostenida. Algunos ejemplos son la ley que autoriza el nombramiento automático de docentes interinos, la ley que aprueba el pago del bono de reconocimiento a aportantes a la ONP, la ley que permite la deducción de gastos en educación, salud y otros para el cálculo del impuesto a la renta, la ley que reduce el IGV para peluquerías y centros de belleza, la ley que pasó al régimen CAS a todos los trabajadores que fueron temporalmente contratados bajo el CAS-COVID, y un largo etcétera.
Ante estas iniciativas, el MEF –cuando aún priorizaba la disciplina fiscal— presentó una serie de observaciones, pero uno tras otro los proyectos de ley fueron aprobados por insistencia. El tema llegó a ser elevado incluso al Tribunal Constitucional, que en 2022 emitió una peligrosísima sentencia que, básicamente, dio rienda suelta al Legislativo para continuar con la farra fiscal. La sentencia indica que la restricción señalada en el artículo 79 de nuestra Constitución (que priva de iniciativa de gasto al Congreso) solo aplica para el año fiscal en el que se está legislando, pero no para años posteriores. Esta interpretación va evidentemente en contra del espíritu del artículo, cuya finalidad es precisamente preservar la estabilidad fiscal a través del tiempo.
Pero quizás lo más preocupante es que, de un tiempo a esta parte, es el propio MEF —otrora llamado a ser el guardián de la estabilidad fiscal— el que ha pasado a ser un habilitador de iniciativas irresponsables. Esto se ha puesto particularmente de manifiesto en lo que va de la breve gestión de Raúl Pérez Reyes. Dos ejemplos son especialmente críticos.
El primero tiene que ver con la ley aprobada a fines de mayo que reduce la parte del IGV que va al Gobierno central de 16% a 14%, y eleva la recaudación destinada a las municipalidades (Foncomun) de 2% a 4%. Aunque esta iniciativa surgió del Congreso, ha sido defendida con entusiasmo por el MEF. Al respecto, el ministro ha indicado con total desparpajo que la iniciativa no afecta el equilibrio fiscal, pues solo baja un impuesto para subir otro. Ello ignora (o más bien oculta) una realidad evidente: que es imposible que el Ejecutivo reduzca su gasto en la proporción en que se están reduciendo sus ingresos (equivalentes a S/10,000 millones) y que la mayor parte de lo que ahora recibirán las municipalidades se irá a financiar gasto corriente. El impacto que esta ley tendrá sobre el déficit es indiscutible.
Otro elemento que ha generado gran preocupación es la relajación de la meta de déficit. Conforme a ley, el tope para este año es de 2.2%. No obstante, tan pronto asumió la cartera, Pérez Reyes indicó que promovería una modificación de la norma para establecer el tope en 2.8%. Esta semana, luego de gran presión, retrocedió ligeramente y se manifestó a favor de un nuevo techo de 2.5%. Aun con esta moderación, es una señal muy negativa, sobre todo después de dos años en los que se incumplió la regla fiscal aun en un contexto de precios internacionales muy favorables para el Perú.
Uno podría argumentar que el nivel actual de deuda pública como porcentaje del PBI (32%) es bajo comparado con otros países de la región. Pero lo preocupante es la velocidad a la que este indicador se incrementará. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, solo como consecuencia de la ley de cambio al IGV, al 2035 se habrá agregado casi cinco puntos porcentuales a la ratio de deuda sobre PBI.
Lejos de crear más forados fiscales que hipotecan nuestro futuro, la agenda del MEF debiera estar enfocada en cómo incrementar la recaudación, reducir la evasión y elusión tributaria (que alcanzan un 8% del PBI), y eliminar las innumerables exoneraciones que representan un 15% de la recaudación total. Pero parece ser que la responsabilidad fiscal es cosa del pasado en la esquina de los jirones Junín y Lampa.