Alejandro Toledo se convirtió en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por el caso Lava Jato y el segundo expresidente constitucional en ser condenado en democracia, después de Alberto Fujimori.
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La sentencia de 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, dictada por el Poder Judicial contra el exmandatario, es una medida justa y ejemplar para quien hace dos décadas dirigía los destinos del Perú y representaba una esperanza de cambio para millones de peruanos, porque no hay que olvidar que Toledo, al igual que muchos políticos, llegó en un momento de crisis institucional y se erigió como un salvador. Sin embargo, defraudó la confianza, no solo de los electores que votaron por él, sino de todo un país.
De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República personifica a la Nación; es decir, es la Nación en persona, el honor más grande que un peruano puede ostentar. Pero diversos exmandatarios no vieron este privilegio como una responsabilidad, sino como un botín del que se podía disponer para beneficio personal. Por ello, si bien la condena a un expresidente demuestra que la justicia es igual para todos, esta daña la moral nacional porque evidencia que la máxima investidura del Perú fue utilizada para pervertir los valores republicanos.
El servicio público es precisamente lo que su nombre indica: “servir”, y todo aquel que haya cometido actos de corrupción en el Estado debe recibir una pena severa y ejemplar, como la que se dictó contra el expresidente Toledo. Esto no quiere decir que se deba juzgar con menor severidad a otros representantes o funcionarios de menor rango, sino todo lo contrario. Esta sentencia debe servir como advertencia para las autoridades de que la justicia podrá tardar, pero definitivamente llega.
Si bien el caso del exmandatario tuvo algunos tropiezos debido a su negativa de venir al Perú y enfrentarse a la justicia, el proceso avanzó de manera célere y se obtuvo una condena a un año de que fuese extraditado de Estados Unidos. No obstante, otros procesos iguales de graves del caso Lava Jato no tienen la misma celeridad. Uno de estos es el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien se la vio chapoteando a inicios de año en una piscina y por quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por los delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado.
El Ministerio Público y el Poder Judicial deben garantizar que los procesos tengan la celeridad necesaria para que los juicios contra autoridades acusadas de corrupción no duerman el sueño de los justos y se aplique todo el peso de la ley.
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