La feroz balacera dentro de una combi ayer en el Callao, con un saldo de 4 muertos, es la señal confirmatoria de que el crimen está totalmente fuera de control en nuestra capital. Pero mientras el hampa avanza, la permanencia en el cargo de autoridades –como el titular del Interior, Juan José Santiváñez– llamadas a frenar la ola delincuencial, se convierte en un castigo adicional para la población.
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El ministro recibió el último lunes a representantes de los gremios de transporte formal para intentar neutralizar el paro convocado para este jueves. Sin embargo, lejos de atacar de raíz el problema, que son las extorsiones a choferes y empresas, ofrece únicamente dar seguridad a las unidades que salgan esos días a laborar.
Puede que eso funcione en el plazo inmediato, pero… ¿y después qué? ¿Volvemos a lo mismo? Porque el cobro de cupos no se va a detener con las garantías prometidas por Santiváñez.
Los gremios formales piden acciones al Congreso y al Ejecutivo. Por ejemplo, derogar la norma que modificó la ley de crimen organizado, dándoles ventajas legales a los delincuentes. ¿Cuál ha sido la respuesta de los parlamentarios? Hasta ahora nada de nada. Y desde el Gobierno no ha salido ni una exhortación al Pleno para que dé marcha atrás, a sabiendas, como lo dice la Fiscalía de Crimen Organizado, de que se vienen frustrando operativos contra estas mafias, gracias, justamente, al nuevo marco normativo.
Con lo cual emerge otra realidad indignante: en el Congreso no solo han dejado de lado el que es, hoy por hoy, el problema más grave que vive la ciudadanía, sino que además lo están agudizando con leyes que favorecen las prácticas delictivas de gran calado. Ya lo hicieron con las universidades bamba, con los taxis colectivos, con la tala y la minería ilegal, y ahora con el crimen organizado… ¿Para quién legislan estos señores?
De ahí que el Poder Legislativo tanto como el Ejecutivo sean percibidos por la población como cómplices de esta debacle de la ley y el orden en territorio nacional… No hay quien lo ponga en duda a estas alturas, con el consiguiente daño a la imagen de nuestra democracia.
Y la cereza de la torta, la gran burla final, es la convocatoria de la PNP a Miss Reina Policía 2024, teniendo, al mismo tiempo, a 14 distritos capitalinos en estado de emergencia. Santiváñez es un genio: un concurso de belleza mientras la criminalidad continúa en expansión, aterrorizando y devorando el país.
