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Cuando la crisis institucional socava al Estado de derecho
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En el Reino Unido, el irresponsable primer ministro Boris Johnson sigue ondeando feliz la banderita del Brexit duro, sin temor al daño económico que infligirá al pueblo británico. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ataca a Europa con su política de aranceles que, según el FMI, puede acarrear consecuencias económicas imprevisibles de una duración temporal inimaginable.
El Perú –me da la impresión– parece no valorar las consecuencias económicas de sus últimas decisiones políticas, sumido como está en una crisis institucional. Ahora bien, “crisis institucionales” hay por doquier y por distintas razones. Al párrafo de arriba me remito. El problema es cuando las decisiones socavan los cimientos del Estado de derecho.
Allí es cuando la expresión “crisis institucional” parece insuficiente.
España, además de adentrarse en un periodo económico incierto, pasa por momentos institucionales muy delicados. Está a punto de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre la declaración unilateral de la independencia catalana. El presidente catalán, en la sede de su Parlamento lo ha dicho sin pudor: si la sentencia es condenatoria, llamará a la desobediencia civil. Lo dice un alto funcionario, en la sede de un órgano parlamentario, que cobra su salario del erario público.
El delito de desobediencia a la autoridad judicial está tipificado. ¿Se atrevería el gobierno central a “cerrar” el Parlamento? No, porque, aunque sea fácil imaginar lo que “piensa” hacer el Parlamento, las palabras de un parlamentario, por incendiarias que sean, no constituyen actos normativos.
Hay crisis institucional. Pero no tiembla el Estado de derecho. Lo malo es cuando tiembla el Estado de derecho, más allá de la naturaleza de la crisis. Sea política o económica.
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