Los cuarteles no son reformatorios

A finales de enero de este año, el congresista Luis Alberto Yika García –de la bancada de seguidores de Kenji Fujimori– presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad reinstituir el servicio militar obligatorio en más de una modalidad. No es que haya habido un incremento en los riesgos que amenazan la defensa nacional, ni que nuestras Fuerzas Armadas necesiten más personal. Sucede, más bien, que el señor Yika y quienes suscriben su proyecto han detectado que la criminalidad ha aumentado en niveles geométricos y han concluido que los jóvenes que pasen por nuestros cuarteles quedarán vacunados. Y listo.

La lógica bajo la que opera el proyecto de ley del señor Yika es lamentable: primero, no existe ninguna correlación que indique que el servicio militar aleja a los jóvenes de la delincuencia. En segundo lugar –y más grave aún–, nuestras Fuerzas Armadas no tienen por qué asumir el costo de enmendar el fallo superlativo del Estado en haber formado correctamente a nuestros niños y jóvenes en el sistema de educación pública. Y, finalmente, asignarles a nuestros uniformados esta labor de nanas para adolescentes los distrae del verdadero reto que enfrentan: salvaguardar la soberanía y la libertad de la república.

Si es que nuestros jóvenes quieren acercarse a las instituciones armadas sin pasar por sus escuelas técnicas o superiores, ya hay una serie de instituciones que permiten que la sociedad civil se una a las Fuerzas Armadas: desde la asimilación hasta los cursos de oficiales de reserva; sin embargo, el ingreso de miles jóvenes a instituciones que ya luchan contra angostos presupuestos no va a sumar en absolutamente nada: nuestras Fuerzas Armadas necesitan darle a su personal mejor entrenamiento, mejores sueldos y mejores capacidades para contribuir con la sociedad una vez sus años de uniforme terminen.

Abdican los congresistas que presentan proyectos de ley de este tipo. Renuncian al mandato con el que el pueblo los invistió a través de su voto. Caen en una fosa de simplismo y cobardía pretendiendo endilgarles a nuestros uniformados su incapacidad e ineptitud para presentar proyectos de ley que dirijan la vida de nuestros niños y jóvenes con paz y rectitud. Olvidan que si la delincuencia campea en nuestro país es por su incapacidad sistemática de ensamblar políticas públicas multisectoriales que combatan al problema desde la raíz hasta el sistema penitenciario. Y, como quien acepta su fracaso, tiran la pelota.

Si el señor Yika y sus colegas de bancada consideran que nuestros jóvenes son presas fáciles de quienes pretenden llevarlos por el camino de la delincuencia y piensan que se ha perdido el principio de autoridad, no metan a los jóvenes a los cuarteles, que vestir el uniforme de la patria es un honor y no un castigo. Hagan su trabajo: legislen.