El Gobierno debe liderar la implementación de políticas públicas que busquen resolver los problemas colectivos que afectan a la sociedad y que son parte de la agenda política. Este liderazgo debe permitir convocar e integrar el trabajo de todas las instituciones del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los Gobiernos regionales y locales, entre otros más, hacia un esfuerzo sinérgico y efectivo en beneficio de la ciudadanía.
Los recursos y las capacidades para afrontar satisfactoriamente los problemas son siempre limitados; por ello, es fundamental definir correctamente las prioridades y seleccionar qué problemas abordar. Esto es clave para el éxito y la legitimidad de la acción gubernamental.
Hoy en día, no basta con que un gobernante y su Gobierno cuenten con legitimidad democrática en su origen; es fundamental que también demuestren su capacidad para ejercer una buena gobernanza, para resolver realmente los problemas que la ciudadanía considera prioritarios y fundamentales.
La política pública se despliega mediante mecanismos de regulación estatal y provisión de bienes públicos. Estos últimos se concretan mediante la gestión presupuestaria directa (que conlleva a la provisión de bienes, prestación de servicios, contratación de personas y construcción de obras a cargo de las distintas entidades del sector público) o por medio de la externalización al sector privado a través de las asociaciones público-privadas, las obras por impuesto y demás.
Por ello, la capacidad de la administración pública para ejecutar el presupuesto se revela esencialmente en cómo va el gasto en inversiones y en bienes y servicios, pues es evidente que, para pagar planillas, pensiones y deuda, no se necesita mayor capacidad de ejecución.
Faltando dos meses y medio para que acabe el presente ejercicio fiscal, el nivel de la ejecución del gasto está por debajo de lo que los ciudadanos esperan. A nivel general, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución en inversiones y en bienes y servicios alcanza el 52% y el 60%, respectivamente. Si miramos con más detalle a qué propósito se destinan los recursos, observaremos que la función de defensa y seguridad nacional dispone de S/1,666 millones en bienes y servicios, y ha ejecutado el 62%; y que, de los S/665 millones asignados para activos no financieros (inversiones), solo se ha ejecutado el 32%. Otra función de interés es la de orden público y seguridad, que cuenta con S/2,667 millones para bienes y servicios, cuya ejecución es de 62%; y S/5,867 millones para inversiones, de los que ha ejecutado el 71%.
Hoy, el problema prioritario para todos los ciudadanos es la inseguridad ciudadana. El subestimar la necesidad de concentrar todos los esfuerzos gubernamentales del Estado en el diseño e implementación de una política pública estatal efectiva que involucre el fortalecimiento sustancial de la capacidad de inteligencia estratégica y operativa en la Policía Nacional, la implementación de penales de máxima seguridad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, la modificación de leyes a cargo del Congreso de la República, y la mejor operación de la administración de justicia (el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros) es un error.
Como también lo es la reciente decisión de destinar miles de millones de dólares a través de mecanismos de financiamiento interno para la compra de aviones de guerra, que es, por lo menos, inoportuna. La compra de aviones para el apoyo a la defensa civil es siempre necesaria (recordemos cuánta falta nos ha hecho la capacidad aérea en los recientes incendios forestales o en las operaciones de ayuda humanitaria de nuestros propios compatriotas en el exterior), pero ¿aviones de guerra?
Ciertamente, es necesario mantener la capacidad bélica de las Fuerzas Armadas; sin embargo, en la coyuntura actual, todos los esfuerzos, insisto, debieran centrarse en resolver el problema de la inseguridad ciudadana. De ello depende que el Gobierno pueda empezar a recuperar su tan alicaída legitimidad ante la ciudadanía.
