Daño colateral

“En los ya famosos chats del superasesor Jaime Villanueva ese tema era uno de los tres con los que se buscaba sumar votos a cambio de archivar denuncias que arrastraban los parlamentarios implicados”.

Editorial Perú21

Fecha Actualización

29/11/2023 - 07:57

El estallido del escándalo Benavides ha dejado secuelas inesperadas, como, por ejemplo, en la elección del defensor del Pueblo, hoy ya bajo sospecha por los hallazgos del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), antes de que Marita Barreto fuera destituida por su investigada, Patricia Benavides.

En los ya famosos chats del superasesor Jaime Villanueva ese tema era uno de los tres con los que se buscaba sumar votos a cambio de archivar denuncias que arrastraban los parlamentarios implicados. Pero estas maniobras, como se ha logrado dilucidar, también alcanzaron otros ámbitos de las instituciones del Estado.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por ejemplo, salió ayer raudo a negar, no sin nerviosismo, que su elección haya estado envuelta entre los tentáculos de la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Y aseguró, asimismo, que jamás había pedido a nadie que intercediera por él en el Congreso, insistiendo en que no iba a renunciar.

Sin embargo, vale la pena recordar y enlazar en el análisis dos circunstancias que siembran dudas razonables: el interés de la todavía fiscal de la Nación, Patricia Benavides, era tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, pues esta le había abierto expediente. Benavides tenía interés en la elección del DP porque esta entidad, justamente, preside la comisión que elige a los miembros de la JNJ.

Y lo segundo, que el propio Gutiérrez presentara un proyecto de ley al Congreso para tener control absoluto de la Secretaría Técnica de esa comisión. Así, podría designar a dedo al funcionario encargado de tal secretaría y ya no vía concurso público, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ya aprobado por la Comisión respectiva, el proyecto de ley debe ser evaluado y votado en el Pleno.

Puede que se trate de simples coincidencias, pues manejar la elección y destitución de jueces, como resulta obvio, es algo que debe interesar a muchos.

De ahí que no sea suficiente un deslinde público como quizás cree el defensor. Su línea de conducta y trayectoria en el cargo deberían bastar para demostrar su idoneidad, pero en los últimos meses su gestión ha recibido más cuestionamientos –como el cese de sus defensores adjuntos– que respaldos.

El tiempo y la documentación acopiada por el Eficcop –siempre y cuando no se bloquee su trabajo– demostrará que aquello que Josué Gutiérrez llama “especulaciones” no quedarán en eso.

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