La rendición de cuentas en el financiamiento de partidos políticos con recursos públicos es fundamental, especialmente en contextos de desafección política y demanda de transparencia. Esta práctica es no solo esencial, sino necesaria para fortalecer nuestra democracia y legitimar la representación de los partidos en los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En la última década —que se extenderá hasta el 2026— las organizaciones políticas habrán recibido más de 124 millones de soles a través del Financiamiento Público Directo. Este apoyo, sostenido con recursos de todos los peruanos, busca fortalecer la democracia promoviendo la institucionalización de los partidos y fomentando sus actividades de formación, investigación y comunicación política. Justamente en ese propósito reside la legitimidad de destinar fondos públicos a estas organizaciones, aunque muchos ciudadanos quizá desconozcan que, desde hace años, venimos financiándolas con nuestro propio bolsillo.
Mantener la confianza en estas instituciones y legitimar su financiamiento a futuro dependerá de su capacidad para demostrar que su accionar, además de generar certidumbre en la ciudadanía, cumple con las funciones para las que fueron creadas. Sin embargo, este objetivo parece alejarse, ya que, a pesar de contar con reglas claras, el uso inadecuado y hasta prohibido de estos recursos públicos ha quedado evidenciado en diversos informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El próximo año traerá consigo grandes desafíos. No hace falta ser experto para reconocer que arrastramos una profunda crisis política, acompañada de un cuestionamiento generalizado ante la falta de principios morales sólidos que han debilitado a nuestra sociedad, dando paso a una peligrosa mezcla de sesgos ideológicos e intereses particulares que se imponen sobre el bien común. Es en ese escenario que tendremos que escoger a representantes y autoridades para los puestos de elección popular entre casi 10,000 candidatos en las elecciones generales, y 500,000 en las elecciones regionales y municipales.
Como ciudadanos que añoramos un Perú unido, en franco desarrollo y bienestar para todos, debemos observar la fase preocupante en la que entramos. Estamos hablando de conceder la confianza a quienes dirigirán las riendas del país durante los próximos cinco años. Es fundamental que las organizaciones y sus candidatos, más allá de la simpatía, empatía, discurso y plan de gobierno esperanzador, demuestren en su accionar dos pilares esenciales: la democracia interna en sus propios partidos políticos y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados que financian sus actividades. Esto último será de trascendental importancia debido a la creciente penetración de las economías ilegales en el financiamiento de la política peruana y a la captura de áreas sustanciales en la toma de decisiones en el Estado.
Tengamos en cuenta que la escasa práctica democrática dentro de los partidos afecta la calidad de la democracia en general. Un sistema de partidos débiles y poco representativos fomenta la desafección política y la inestabilidad, al imponer candidatos sin legitimidad ni respaldo popular. Además, promueve la corrupción y el clientelismo con favores, dinero y lealtades particulares para lograr candidaturas, en lugar de incluir a los mejores cuadros políticos en sus listas, lo que incrementa la desconfianza en el sistema político.
Por otro lado, fortalecer la transparencia es fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y el financiamiento privado durante los procesos electorales. El Sistema Electoral debería dictar y exigir medidas claves para asegurar la transparencia, como la publicación detallada y en línea de los presupuestos y financiamiento en elecciones; auditorías periódicas a los organismos electorales y partidos políticos; supervisión y fiscalización estrictas sobre el financiamiento de campañas; y la implementación de herramientas digitales para monitorear los recursos en tiempo real.
Estos son dos retos frecuentemente mencionados en los discursos, pero que en la práctica y experiencia han quedado solo en el papel. La legitimidad de nuestro sistema político seguirá pendiendo de un hilo si los partidos políticos no resuelven y asumen con verdadera voluntad lo que les exige la opinión pública.