La encuesta de victimización de Ipsos que publicó ayer Perú21 arroja cifras extremadamente preocupantes, que confirman que la criminalidad en el país, lejos de atenuarse, continúa en ascenso. El estudio mide ya no solo la percepción, sino las situaciones reales en que los ciudadanos dicen haber sido víctimas de asaltos o alguna modalidad de robo.
En el análisis de principales delitos, el 33% de los limeños reconoce que fue víctima de robo en la calle en los últimos 12 meses, lo que representa, según el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, 2 o 3 puntos más que lo que reporta el INEI. “Eso significa que estamos en un proceso de incremento de victimización”, alerta.
En cuanto al alcance de la extorsión o cobro de cupos, Valdés sostuvo que, si alcanza al 7% de ciudadanos en Lima, al 5% en otras ciudades y al 6% en el ámbito rural, como registra la mencionada encuesta, “son cifras tremendamente altas”. “Si la población de Lima es 10 millones de habitantes, ese 7% de afectados nos plantea un rango de 700,000 personas. La incidencia de esta realidad en la economía familiar es tremenda, pues se traduce directamente en términos de lo que deja de percibir y, a menudo, hasta en la pérdida del negocio. Un porcentaje de extorsión que, diríamos, ya es a gran escala”, agregó.
Y aún cuando el uso de armas de fuego en los robos parece haber decrecido, los datos publicados guardan mayor correlato con el elevado nivel de homicidios en Lima. De hecho, es en las disputas territoriales para cobrar cupos que estas se emplean a discreción.
¿Y qué hace el Gobierno al respecto? Por lo pronto, la propuesta de que el tema debería discutirse en el Consejo Nacional de Seguridad ha sido ninguneada por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el motivo? Que la propuesta vino del fiscal de la Nación.
Todo pinta mal, pues, en un sector liderado nada menos que por un personaje como Juan José Santiváñez. Un ministro investigado judicialmente por dedicarse a encubrir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en lugar de combatir la delincuencia común y el crimen organizado con estrategia sólidas y asesorado por especialistas.
El interés que el Gobierno ha demostrado por el tema de la seguridad ciudadana, queda claro, es bajísimo. Mientras tanto, el país continúa desangrándose en las calles.
