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Desprotegidos
La protesta de trabajadores y pequeños empresarios o comerciantes de Gamarra es solo otra punta de un iceberg que ya va sobrado de visibilidad.
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Empresarios del emporio de Gamarra cerraron las puertas de sus tiendas el último miércoles en reclamo por los constantes robos, asaltos, secuestros y extorsiones de los que son víctimas de parte de mafias y ambulantes.
En realidad, una actitud que deberían imitar otros sectores de la sociedad para hacerle sentir al Gobierno que el tema de la inseguridad urbana es de tal urgencia que la solución para reducir los altos índices de criminalidad no puede esperar más. La ciudadanía vive aterrorizada por la amenaza permanente de la delincuencia, que cada vez es más desfachatada en sus ataques. Uso de armas de fuego para robar celulares, asaltos a tiendas a la luz del día, secuestros exprés, extorsiones a comerciantes, escenas de raqueteo en cada semáforo, arrebatos de carteras, ‘bolsiqueos’ en transporte público…
La protesta de trabajadores y pequeños empresarios o comerciantes de Gamarra es solo otra punta de un iceberg que ya va sobrado de visibilidad, pues lo mismo sucede en casi todas las regiones del país.
En el caso del emporio victoriano, las extorsiones a los micro, pequeños y medianos empresarios –cuando no a cambistas o a quienes simplemente pasan por ahí o van de compras– incluyen amenazas de muerte, secuestros, torturas y hasta asesinato, si es que no se accede al chantaje. El cobro de cupos es cosa de todos los días.
No es solo un tema de seguridad personal, sino de viabilidad de país, de desarrollo de oportunidades de nuevos emprendimientos, y garantías para generar más inversión, que es lo único que permitirá hacer reflotar la economía.
En una sociedad en la que la anomia es el sino dominante y a menudo alcanza incluso a su clase política y poderes del Estado –en particular el Legislativo y el Ejecutivo, que cargan con incontables denuncias de corrupción– la inanidad con que las autoridades responden a los embates del crimen termina siendo percibida como una suerte de complicidad.
La liberalidad con que actúa el crimen se está convirtiendo en un pesado lastre ya no solo para trabajadores y ciudadanos honrados, sino para nuestro funcionamiento como democracia y para el futuro de nuestro país. La ciudadanía exige acciones y medidas concretas.
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