En el actual Parlamento se han especializado en colar normativas tramposas en complejos proyectos de ley que se promueven como grandes soluciones para los problemas del país. Los intereses que están en juego son enormes, ciertamente, tan grandes y descarados como los lobbies que engrasan iniciativas perjudiciales para el Perú, pero que terminan siendo apoyadas transversalmente entre las bancadas del hemiciclo.
Es el caso del dictamen final del proyecto de ley que dispone la ampliación por dos años del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que contiene una disposición complementaria que le da carta blanca a los informales e ilegales para explotar mineral con total impunidad, sin ningún tipo de control. Ha sido una disposición puesta casi de contrabando en el documento, que votará el Pleno del Congreso esta semana.
Si se aprueba el dictamen con este acápite quedaría prohibido iniciar nuevos trámites de exclusión por causales graves, eliminando así la única herramienta que tiene el Estado para hacer cumplir las normas ambientales y evitar la invasión de concesiones mineras. Es decir, como ha explicado el jurisperito en materia ambiental, César Ipenza, la autoridad quedaría incapacitada legalmente para iniciar cualquier proceso de exclusión o suspensión del registro cuando un minero incumpla cualquiera de las condiciones de la formalización, como contaminar o deforestar.
El Gobierno no puede hacerse el muertito en un tema tan delicado para el país. Aplicar el consabido criterio “dejar hacer, dejar pasar” no funciona en este rubro. Todo el país sabe lo que significa la minería ilegal en cada zona o región del Perú donde se practica: paupérrimas condiciones de trabajo, depredación del medioambiente, contaminación de los ríos, trata de personas, tráfico de drogas, violencia, sicariato y corrupción de autoridades a gran escala.
Se espera que el Ejecutivo –el presidente José Jerí especialmente, tan activo en otros temas– actúe con firmeza y envíe al Pleno un informe técnico oponiéndose, como lo ofreció hace poco, luego de callar en todos los idiomas durante el debate. En sus manos estará observar la ley, si se aprobase. De lo contrario, la pelea tendrá que darse en el Tribunal Constitucional.