Digitalizando nuestro sistema democrático

El Parlamento romano es la base de los congresos en los países democráticos. Se requería representar a la población, legislando lo que los gobernaba. Este modelo se adoptó mundialmente y perduró en el tiempo.

Sin embargo, la mayoría de la población mundial desaprueba la labor realizada por los congresos. El Índice de Confianza del Latinobarómetro de 1996 a 2018 les otorga apenas un 21% de confianza a los parlamentos de Latinoamérica y 8% al del Perú, el último del ranking. Pero, peor aún, sus desempeños dañan al país. Esto nos debe llevar a reformular radicalmente el sistema actual.

“Back to basics”. Las instituciones, antes de aceptar a un miembro, llevan un proceso de selección —sucede en colegios, universidades, clubes y empresas privadas–. ¿Por qué para legislar en un país no existen requisitos más altos que tan solo ser peruano y mayor de 25 años? No podemos poner el destino del país en manos de personas que no cuentan con una conducta intachable, cuentas al día y capacidad intelectual mínima. Para ello, para ser candidato uno debe pasar por unos filtros previos, que acrediten capacidades mínimas para postular; como en Roma Imperial, deben ser las personas mejor calificadas quienes conformen el Parlamento.

La segunda propuesta es la evaluación y renovación de congresistas, al menos, anualmente. Hasta hace poco, el desplazamiento físico y los procesos de escrutinio hacían oneroso celebrar elecciones con alta frecuencia. No obstante, la tecnología permite superar ese obstáculo. Con un DNI electrónico y controles biométricos de identificación personal, podemos evaluarlos y ratificarlos o removerlos de manera digital no presencial. Se debe evaluar a los legisladores, como condición de continuidad, tal como los colegios, universidades y centros laborales lo hacen con sus miembros. Si el ciudadano digital los desaprueba, se les retira de su cargo y se elige su reemplazo. Ello motivaría a esmerarse en su labor. Hoy estamos obligados a mantenerlos durante cinco años.

Estos dos cambios –para no ir a propuestas más disruptivas, como el uso de big data, analytics e inteligencia artificial como con la participación ciudadana digital en la legislación misma, reemplazando al Congreso– serían suficientes para una mejora sustancial en sus resultados y la aprobación ciudadana.