[OPINIÓN] Richard Arce: “La farsa de la vacancia presidencial”

“La moción de vacancia requiere un mecanismo constitucional más transparente”.

Fecha Actualización

05/04/2023 - 07:04

Con 64 votos archivaron en el Congreso la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, con lo cual ni siquiera se pudo admitir a debate como pretendían hacer las bancadas de izquierda que, paradójicamente, aparecen ahora fiscalizando al Gobierno cuando estuvieron en silencio con las trapacerías de Pedro Castillo y sus secuaces.

La moción de vacancia presidencial, tan manoseada en estos últimos siete años, requiere un mecanismo constitucional más transparente para que tenga mejores procedimientos de control político y no sea mal utilizada, ya sea solo por venganza política o para someter al Ejecutivo, en vista que manda la suma aritmética de los votos para vacar a un presidente.

La figura de la vacancia por incapacidad moral permanente se presta a muchas subjetividades que pueden ser utilizadas perversamente con un Parlamento obcecado por el poder y la ambición de tomar el mando del país.

En el caso de esta moción, presentada por los antiguos socios y correligionarios de Boluarte, es en realidad un ajuste de cuentas de las bancadas afines a Pedro Castillo, que están con la herida abierta por haber perdido los espacios de poder que les entregó Castillo, para que dilapiden recursos públicos en función de sus intereses personales, como se viene ahora dilucidando en sendas investigaciones fiscales que los incriminan como parte de una presunta organización criminal.

Así que no van a venir a sorprender al país personajes que ahora pretenden arrogarse de adalides de la justicia y quieran pintarse de implacables defensores de los derechos humanos, lo cual es una farsa, es solo para la platea; en realidad hay otros intereses sibilinos detrás de la intencionalidad de esta moción.

Pero rescatemos lo importante que resaltó el día de ayer en el ámbito político, que es la conformación de un equipo especial de fiscales para investigar las muertes acontecidas durante la conflictividad social de inicio de año, que enlutó a más de 60 familias, entre civiles, un policía y seis militares muertos.

Así se podrán esclarecer las responsabilidades penales y estamos a la espera de la responsabilidad política que también tiene que ser asumida por el Gobierno.

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