Dina Boluarte contra las cuerdas

“Se le imputa a la presidenta la comisión de delitos graves contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, delito sancionado por el Código Penal por el escándalo de los Rolex, que había recibido prestado de su ‘wayki’ Oscorima”.

Richard Arce

Fecha Actualización

28/05/2024 - 07:00

Es evidente que el Gobierno está concentrado solo en defenderse de las serias acusaciones que involucran a la propia presidenta Boluarte en actos delictivos, y que la Fiscalía viene recopilando más pruebas que la involucran. La situación es por demás comprometedora para el futuro del Gobierno y el país.

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El Gobierno está agotando todas sus energías y esfuerzos para tratar de bloquear las investigaciones fiscales y evidentemente esto afecta al país, porque gobernar pasa a un segundo plano. Por eso hemos visto en esta última semana a los ministros de voceros y hasta escuderos de la presidenta, tratando de justificar lo injustificable, hasta desgañitarse con cada argumento falaz, respecto al famoso Artículo 117 de la Constitución.

Todo este show mediático de los escuderos del Gobierno ha sido en vano, porque al final el Ministerio Público cumpliendo sus funciones y atribuciones orgánicas, ha procedido con presentar la acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Se le imputa a la presidenta la comisión de delitos graves contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, delito sancionado por el Código Penal por el escándalo de los Rolex, que había recibido prestado de su “wayki” Oscorima.

Para la Fiscalía, Boluarte habría recibido un soborno de Oscorima y para sustentar su denuncia, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presenta abundantes medios probatorios que comprometen seriamente a la presidenta y que evidentemente hacen insostenible la continuidad de su gobierno, en vista que no solo estaría la infracción constitucional, sino que esto calza en una incapacidad moral permanente.

Pero, olvídense que el Congreso actuará a la altura de las circunstancias y que la historia le exige, eso es pedir peras al olmo, porque un Parlamento con un mínimo de decoro ante estas evidencias debería cumplir su rol fiscalizador y de control político, que por cierto es la esencia de la labor parlamentaria.

Lo que viene es la pasividad, yo diría complicidad, del Congreso para buscar la impunidad del Gobierno, que ya no se sostiene en nada. Con menos de 5% de aprobación, está hoy jugando sus descuentos, por eso la desesperación de buscar el auxilio del TC para una demanda competencial sobre la función que tiene la Fiscalía; todo un despropósito que solo busca dilatar las investigaciones y tapar el sol con un dedo.

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