Ni con Dios ni con el diablo

El Ministerio Público se desangra por una descarnada guerra interna. Ninguno de los dos grupos que se disputan el control de esta importante institución garantizan credibilidad. El primer bando, por no decir banda, es el de Pedro Gonzalo Chávarry. Contaminado por su contacto con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” el actual Fiscal de la Nación ha sido públicamente cuestionado por el
presidente, por Transparencia, por el Congreso (menos Fuerza Popular y Apra) y por los propios fiscales superiores que ayer emitieron un pronunciamiento apelando a que pondere las consecuencias de su permanencia en el cargo en este contexto. Chávarry se sostiene con los votos de dos fiscales supremos de la junta de cinco. Ambos están vinculados al caso de mega corrupción que envuelve el sistema judicial al más alto nivel. En un hecho sin precedentes, el propio Fiscal de la Nación está comprendido dentro de la investigación del caso “cuellos blancos”; por su relación con quien es considerado el cabecilla de la organización criminal, el vocal supremo César Hionostroza, no puede investigar los hechos como corresponde. Debido al respaldo político congresal del que goza, su proceso en la sub-comisión de acusaciones constitucionales van a paso lento y camino a la impunidad.

Si bien se vincula a Pedro Gonzalo Chávarry con los intereses del fujimorismo y del aprismo, a Pablo Sánchez (el otro fiscal supremo que intenta controlar el MP) se le achaca cercanía a los ´progres´, manifiestos en los proyectos políticos de PPK, Humala, Toledo y Villarán. Todos implicados en graves actos de corrupción, acaso más evidentes que los casos en los que están involucrados Alan García y Keiko Fujimori (hasta el momento). La debacle del grupo especial del caso Odebrecht es responsabilidad directa de Pablo Sánchez. Él ubicó estratégicamente al fiscal provincial Hamilton Castro para que maneje esta fiscalía ad-hoc y que le reportara directamente; el coordinador de este importante despacho anti-corrupción, César Sanabria, estaba pintado. Hamilton Castro se rodeó de fiscales sin experiencia (para que no lo opacaran) y terminó estancando la investigación para beneplácito de todos los comprometidos con estos actos de corrupción. Esto es un escándalo que linda con la complicidad y es por demás sospechoso. ¿No hubiese sido lo más recomendable poner en esta investigación a lo mejor que tenía el Ministerio Público? ¿Hay que aplaudir al Fiscal de la Nación que hundió el caso Odebrecht? ¿Hay que volver a ponerlo a cargo de la institución? Lo cierto es que ninguno de los cinco fiscales supremos de la junta es apto para liderar la lucha contra la corrupción.

La unificación de las fiscalías de lavado de activos y corrupción que tenían a cargo los casos de Odebrecht es algo que todos reclamaban y por alguna razón se rehusaba a hacer Pablo Sánchez. Finalmente, esa tarea ha sido encargada al eficiente fiscal superior Rafael Vela quien tiene a su cargo a los emblemáticos sabuesos José Domingo Pérez y Germán Juárez (cada uno con su estilo particular, claro está) y el proceso se ha destrabado. Empiezan a llegar los resultados gracias a la buena relación que estos fiscales han construido meticulosamente con sus pares brasileños y con los representantes legales de Odebrecht que confían en su profesionalismo. Sin embargo, haber nombrado a estos fiscales a cargo del equipo especial no era la intención inicial de Pedro Gonzalo Chávarry. Lo hizo como un gesto político para sobrevivir la avalancha de cuestionamientos que sabía se avecinaban. Tan es así, que llamó a su despacho a estos fiscales un día después de su polémico nombramiento. Chavarry sabía que le correspondía asumir el cargo mucho tiempo antes. Es más, el acuerdo era que él votaba por Sánchez y luego lo elegían a él para sucederlo. ¿Por qué nunca se acercó a Vela y compañía para manifestarles su interés de encargarles esta enorme responsabilidad si sabía que iba a asumir el liderazgo de la institución eventualmente? En todo caso, esa medida es lo único que le da legitimidad a este Ministerio Público que está al borde de la rebelión y el colapso.