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Juan Mendoza: El perdón hace al ladrón

“¿Por qué el Gobierno se muestra débil y perdonavidas con Odebrecht? ¿Por qué ha sido incapaz, después de 7 meses, de recuperar los bienes del Gasoducto?”

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El Gasoducto del Sur estaba destinado a ser una estafa colosal. Los Humala convirtieron un proyecto privado de US$1,300 millones en 2008 en uno de US$7,300 mllns. en 2014 con ingresos garantizados. Sin importar si hubiera habido gas o demanda, Odebrecht y sus socios habrían recibido hasta US$912 millones por año financiados con alzas en los recibos de luz. Como la concesión se extendía por tres décadas, la pérdida social hubiera superado los US$11 mil millones.
Al igual que la Interoceánica Sur, el Gasoducto no pasó por el SNIP. De acuerdo con un colaborador eficaz, Nadine Heredia direccionó la concesión a favor de Odebrecht en condiciones lesivas para el Perú. Según una sentencia judicial, se descalificó de manera irregular al competidor de Odebrecht en la licitación. El Ministerio Público ya ha denunciado a Edgard Ramírez (Proinversión) y Claudia Hokama (Odebrecht) por negociación incompatible y colusión.
Debido al escándalo Lava Jato, Odebrecht se quedó sin plata para continuar el Gasoducto, lo que llevó a la resolución del contrato en enero. Lo que debió pasar entonces fue que Odebrecht y sus socios entregaran los bienes de la concesión al Estado. Sin embargo, hasta la fecha, los bienes siguen bajo el control de Odebrecht. La demora le es harto conveniente a Odebrecht, pues el contrato estipula que el Estado solo tiene un año para vender los bienes de la concesión.
En el colmo del descaro y la doblez, de acuerdo con Hildebrandt en sus trece y documentos obtenidos por Carlo Navea de Latina, Odebrecht contemplaría demandar internacionalmente al Perú por el Gasoducto. Para la demanda, que alcanzaría los US$2 mil millones, Odebrecht ya habría contratado abogados en Estados Unidos. Odebrecht estaría, entonces, muy lejos de mostrar arrepentimiento de haber obtenido la Interoceánica coimeando a Toledo y de otras perlas de su corrupto accionar. ¿Estarán de acuerdo Graña y Montero y Enagas, sus socios en el Gasoducto, con demandar al Perú?
¿Por qué el Gobierno se muestra débil y perdonavidas con Odebrecht? ¿Por qué ha sido incapaz, después de 7 meses, de recuperar los bienes del Gasoducto? ¿Por qué ha contratado a una empresa por US$46 millones para administrar los bienes que ni siquiera tiene en su poder? ¿Por qué no se activa la cláusula anticorrupción del Gasoducto para proteger al Perú? Permitir que Odebrecht venda todo y se vaya, al amparo del funesto decreto 003, sería como si a un ladrón se le permitiera irse dándonos un porcentaje de lo que nos robó.
Si el Gobierno no reacciona, será a Odebrecht a quien la plata del Perú le llegará sola.