Bancadas sin crédito

La ley para reprogramar o congelar deudas bancarias, vigente desde el jueves último, se aprobó en el Congreso tras prolongado diálogo, finalmente fructífero, entre el Ministerio de Economía y representantes de las bancadas que la impulsaban con pobrísimo o nulo sustento técnico. Tal como ha sido promulgada, al menos se ha logrado evitar descalabros mayores en el sistema financiero.

Son tiempos ciertamente difíciles, tanto para acreedores como para deudores; se trata pues de encontrar puntos de equilibrio entre las demandas de unos y las necesidades de los otros. Pero iniciativas como la aprobada ayer en la Comisión de Defensa del Consumidor, que establece topes a las tasas de interés bancario, ponen una vez más al descubierto la tremenda ignorancia en materia económica de ciertos grupos parlamentarios –en este caso el de Podemos, bajo el patrocinio directo de su líder, José Luna, presidente de dicha comisión– que, embalados en su cabalgata populista hacia las elecciones de abril, ni siquiera se han dado el trabajo de hacer las consultas correspondientes a autoridades en el tema. O quizás el señor Luna sí lo hizo, pero a profesionales de sus universidades con licencia denegada, confirmando así las dudas sobre la calidad de la enseñanza que allí se impartía.

Lo cierto es que tan orondo predictamen, que modifica la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva y lleva el pomposo, electorero título de “Ley que Protege de la Usura a los Consumidores del Sistema Financiero”, es una aberración antitécnica de principio a fin, además de su flagrante inconstitucionalidad. Si lo que se pretende es abaratar el costo del crédito, lo mejor es alentar la competencia en el sistema y que este vaya ganando solidez. Con regulaciones ultramontanas, tipo control de precios (topes), solo se logrará el efecto contrario, como la Historia se ha encargado de demostrar.

Alarma más bien el silencio casi cómplice del Ejecutivo, que hasta el día de hoy no se ha pronunciado, pues, de prosperar la iniciativa, los créditos se recortarán y terminarán siendo inaccesibles, justamente, para quienes menos tienen, esos “consumidores” a los que equívocamente se pretende “defender”.