Para muchos peruanos, las catástrofes naturales, o aquellas creadas por el hombre, no conocen pausas. Mientras en regiones de la sierra y la selva del país se ha tenido que declarar en estado de emergencia unos 90 distritos afectados por las lluvias, en la capital los incendios parecen estar a la orden del día.
El martes último se desató un tremendo siniestro en Barrios Altos que destruyó por completo dos edificios y causó daños severos a dos estructuras vecinas, aparte de otras edificaciones que han quedado al borde del derrumbe y de casi una veintena de viviendas que actualmente se encuentran en situación de riesgo, afectadas también por las llamas que se extendieron rápidamente a zonas aledañas.
Y sin que las llamas de tamaña desgracia se hayan extinguido del todo, ayer en Ancón se produjo un nuevo incendio en un asentamiento humano, que ya ha cobrado la vida de un niño y ha dejado en cuidados intensivos a su madre. De momento, se sabe hasta de cinco casas afectadas.
Son casos ciertamente distintos, e igual merecen la atención de las autoridades, pero detengámonos un poco en lo de Barrios Altos, donde las fincas ruinosas se apiñan con edificaciones semiabandonadas (es la razón por las que hasta el momento se hayan registrado solo pérdidas materiales) y nuevas estructuras que funcionan como depósitos ilegales de mercadería, bajo mínimas o nulas medidas de seguridad. Y esto, en desmedro de la enorme cantidad de material inflamable que circula bajos sus techos.
Si bien la Municipalidad de Lima alega que las leyes bloquean su trabajo de fiscalización –así como su capacidad sancionadora– con estos espacios, Martín D’Azevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, negó tajantemente que el problema fueran las normas.
Esos locales convertidos en almacenes clandestinos, sostuvo el especialista, se edifican o remodelan “por negligencia, ineptitud o corrupción (en el municipio), pues la legislación está ahí para permitir parar la obra. Eso de que solo a las 48 horas pueden reabrir y seguir funcionando, no es verdad, porque, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo sancionador, está establecido en el procedimiento marco, que dice: cinco días para subsanar, luego voy y lo clausuro de forma definitiva o paro la construcción de forma definitiva”.
Sea cual sea el camino –intangibilidad o mayor rigor en las fiscalizaciones– lo que se debe hacer de una vez por todas es frenar la proliferación de estos locales, pues están convirtiendo el centro de Lima en una bomba de tiempo altamente inflamable.
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