El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha anunciado que este jueves 13 de marzo concluirán las pruebas ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer), que las define como “proceso clave para evaluar el correcto funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, identificar oportunidades de mejora y aplicar las correcciones necesarias antes de su apertura”.
Concluye que, una vez realizadas las pruebas, el MTC, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, emitirá un pronunciamiento, que todo indica será decisivo para determinar si se mantiene o no la fecha de inauguración del moderno terminal, que es el 30 de marzo.
“La apertura del terminal aéreo se llevará a cabo cuando se cumplan y verifiquen estrictamente todos los estándares de seguridad nacionales e internacionales de aviación civil”, reza el comunicado. Un mensaje que, en buena cuenta, no ha hecho más que extender el manto de incertidumbre que ya rodeaba a la fecha en que el aeropuerto estará listo oficialmente para entrar en funciones.
LAP, el administrador privado del terminal, por su parte, señaló recientemente que el avance de las obras en lo que corresponde a ellos está en un 99.4%. El gerente de Construcción del Nuevo Aeropuerto, Sergio Ocampo, declaró al diario El Comercio que el 0.6% faltante no condiciona el inicio de operaciones, pues “todas las pruebas críticas para la seguridad se han culminado hace semanas”.
La decisión, entonces, está en manos de las autoridades peruanas. Pero, por otro lado, la pregunta que emerge es ¿qué institución pública tiene competencia para exigirle al MTC todo lo que le falta hacer todavía? Por ejemplo, en cuanto a las vías para llegar al terminal y las alternativas que ofrece para levantar las observaciones que se han realizado sobre la seguridad o el ornato de los accesos, así como en otros aspectos relacionados con la experiencia de los usuarios y, especialmente, del turismo nacional e internacional.
Porque del puente Santa Rosa y la vía expresa —proyectos aplazados una y otra vez— mejor ni hablar. La responsabilidad sobre estos detalles, para nada desdeñables, recae en el Estado peruano, el MTC en este caso, que una vez más se presenta como una rémora en los avances realizados por los concesionarios. Y lo peor es el hermetismo con que manejan el tema, que solo siembra mayores dudas sobre el curso de una obra medular para la economía del país.
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