[Editorial] Pisó una mina

Lo curioso es que, en su tuit sobre el comunicado oficial que aclara que las empresas afectadas sí pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos de explorar y explotar los yacimientos, se niega ridículamente a reconocer que metió la pata y que ahora está girando sobre sus talones.

“Nos ratificamos en lo que hemos venido sosteniendo: el gobierno –dice la ministra- respeta el Estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales, pero el Estado asume función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental acorde a los marcos legales”… cuando días antes había afirmado, con total rotundidad, refiriéndose expresamente a esas cuatro mineras, que “no habrá ninguna ampliación más para procesos de exploración y explotación. Vamos a exigirles que terminen y cierren lo más inmediato [sic] posible”.

Aunque se resista a reconocerlo, la verdad es que la Premier dijo y se desdijo en cuestión de días. Lo que firmó aquel viernes en Ayacucho -con un alto dirigente del Movadef al que los comuneros de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara no reconocen- fue meridianamente claro y contrario al Estado de derecho. Un arrebato antiminero que no tardó en pasarle factura al país y pronto a ella.

Porque si bien el giro es, por supuesto, positivo para nuestra alicaída economía, el daño de su anuncio inicial ya está hecho: desde ese viernes, el bolsillo popular volvió a temblar con el salto del dólar, la turbulencia en los mercados financieros y un nuevo indicio de la improvisación que caracteriza a las medidas y decisiones que toma el Ejecutivo.

Es decir, una inestabilidad económica y política que no deja de castigar a los peruanos y que este gobierno parece resuelto a alimentar un día sí y otro también. ¿Responderá la señora por su despropósito?