Educación

En el Perú existe una marcada inequidad en el acceso a servicios de calidad. La educación es un ejemplo de ello. Este lunes comenzarán clases 8 millones y medio de estudiantes, 6 millones en colegios públicos. De acuerdo con Pronied, solo el 24% de los colegios en el país está en buen estado. 46% tienen que ser reemplazados por completo y 30% requieren mejoras y reforzamientos en su estructura.

En Cajamarca, Ayacucho, Puno y Apurímac, el porcentaje de colegios en muy malas condiciones supera el 60%. El problema es grande y los recursos del Estado son limitados. Sin embargo, el Perú no tiene un plan nacional de infraestructura intersectorial. Más aún, no existe una metodología para priorizar los proyectos de inversión pública.

Una de las principales razones por las que esto ocurre es la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno, que incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y monitoreo del gasto público.

¿Cómo les explicamos a los padres que deben mandar a sus hijos a colegios que no son seguros para ellos? Colegios que ni siquiera cuentan con los servicios básicos. Según el último censo educativo, solo el 40% de todos los colegios del país cuenta con luz, agua y saneamiento.

Solo en el norte, en las 13 regiones afectadas por El Niño costero, hay 1,559 colegios que deben ser rehabilitados o reconstruidos. A un año de este fenómeno, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido incapaz de resolver el problema de infraestructura, y ninguna de las autoridades (jefe del Pronied y el de la Reconstrucción incluidos) da una solución al problema. Hoy tenemos colegios que tienen más de 11 años en proceso de rehabilitación y que aún no han sido concluidos.

De acuerdo con el Minedu, el déficit de infraestructura educativa es de S/100 mil millones. Esto es cinco veces más de lo que se ha invertido en gasto de capital en educación en los últimos cinco años. Y no es por falta de recursos, es por una mala elección de proyectos, sea por corrupción o incapacidad. ¿Cómo se explica que el Estado decidiera gastar S/9 mil millones en la Refinería de Talara, ¡cuando no tenemos petróleo que refinar!? ¿O US$4,500 millones en la IRRSA Sur o los US$7,300 millones del Gasoducto del Sur?

Si los ciudadanos no nos involucramos en política y les exigimos a las autoridades transparencia y rendición de cuentas, Lava Jato seguirá siendo la norma.