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El gran hermano
Diversos informes periodísticos han puesto en el disparadero a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, entre ellos, el de Perú21, sobre un ampay en el que se reúne con un proveedor del Estado y funcionario regional de Apurímac.
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Diversos informes periodísticos han puesto en el disparadero a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, entre ellos, el de Perú21, sobre un ampay en el que se reúne con un proveedor del Estado y funcionario regional de Apurímac.
A ese informe le han antecedido otros, referidos, por ejemplo, a su presunta participación en el otorgamiento de un presupuesto de 20 millones de soles a un modesto municipio cajamarquino luego de que su alcalde acudiera a su fiesta de cumpleaños.
Y la designación de prefectos que antes participaron en reuniones del partido que está formando el hermano presidencial, tampoco ayuda a demostrar que se trata de simples casualidades. Es decir, de haber recibido visitas “como se le pegue la gana” … para citar las palabras de la mandataria al ser interrogada por estos hechos.
Peor aún, en los últimos días Nicanor Boluarte ha desairado, sucesivamente, a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización del Congreso cuando fue convocado. Fiscalización ha pedido ya al Pleno del Parlamento facultades de comisión investigadora y haría bien la representación nacional en acceder a la propuesta.
Porque estamos hablando de desplantes propios de autócratas y de gobiernos autoritarios. ¿A qué le teme el gran hermano? ¿De verdad se siente tan protegido u omnipotente para despreciar de ese modo, sin dar ninguna explicación, a las instituciones que lo citaron?
Es inaceptable que personajes que circunvuelan las esferas del poder en el Perú se crean o actúen como intocables. No es poco lo que el señor Boluarte tiene que explicar, las sospechas de dolo o negociados bajo la mesa se justifican. Y así como le asiste el derecho de todo ciudadano a presentar sus descargos, tiene la obligación legal –y democrática, cómo no– de atender a estas citaciones. Más aún si se trata de un familiar cercano de la máxima autoridad política en el país. Nadie está por encima de la ley.
Los peruanos hemos sido testigos en el pasado de cómo superasesores sin control alguno hicieron y deshicieron con los recursos del erario. No repitamos la historia. Las autoridades deben ser el doble de rigurosas en estos casos. Como cualquier ciudadano, Nicanor Boluarte debe ponerse a derecho al término de la distancia.
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