El JNE en cuestión

La develación de Salatiel Marrufo ante la Fiscalía sobre irregularidades después de la segunda vuelta, como parte de su colaboración eficaz en diversos procesos —donde fue el esbirro del gobierno corrupto de Pedro Castillo—, ha removido todo el ambiente político porque vuelve a poner en tapete un tema que parecía zanjado, sobre el supuesto fraude de las últimas elecciones presidenciales.

Para empezar, se tiene que investigar a fondo, caiga quien caiga, porque lo dicho por Marrufo sería extremadamente grave, más aún si estamos hablando de las garantías que se requieren del sistema electoral, para legitimar la labor del JNE u otro organismo electoral en la perspectiva de tener resultados electorales transparentes y absolutamente independientes de cualquier interés político partidario.

En lo personal, conociendo los mecanismos del proceso electoral, después de haber participado en varias elecciones, tengo todavía esa expectativa de que existen mecanismos para controlar cualquier distorsión o mejor aún, detectar un fraude, como el sucedido en las elecciones truchas del año 2000, con la reelección de Alberto Fujimori. Mi cuestionamiento siempre ha sido a la discrecionalidad que tiene el Pleno del JNE, espacio donde se definen las controversias y en donde justamente he sido afectado en mis derechos de participación electoral, pero a pesar de estos abusos, creo firmemente en que se deben respetar las decisiones de las autoridades electorales, porque ese es el principio de la democracia.

Además, somos conscientes de que estamos viviendo tiempos aciagos, donde lo más rancio de la política se ha aliado en el Congreso para arremeter contra los organismos electorales, en una evidente estrategia de controlar el sistema electoral, para beneficio de estas mafias en el poder. Basta ver las leyes inconstitucionales y la intención de sometimiento a instituciones claves en la designación de las autoridades electorales; quieren un sistema electoral a su medida y no se los vamos a permitir.

A pesar de toda esta realidad, tampoco caigamos en el juego de hacer espíritu de cuerpo para supuestamente defender lo indefendible. Si Marrufo puede corroborar lo dicho en su declaración a la Fiscalía, más aún sabiendo que se juega la cárcel si está mintiendo; es una obligación investigar y sancionar con todo el peso de la ley.

Que quede claro, una cosa es direccionar la posición del Pleno del JNE y otra muy distinta realizar un fraude sistemático que jamás pudieron demostrar, a pesar de todo el escándalo, que más parecía que era una pataleta de malos perdedores.