En un contexto de crisis política y con un nivel de aprobación cuasi inexistente —5% de respaldo ciudadano según la reciente encuesta de Datum Internacional—, el Gobierno de Dina Boluarte apuesta por un eslogan de autoironía: “El Perú no se detiene”. Es una frase que el oficialismo repite en redes sociales, en discursos y en plataformas del Estado sin entender que la realidad es distinta: lo que no se detiene es la extorsión, el crimen, el desgobierno.
Siete peruanos son asesinados cada doce horas aun en estado de emergencia; siete de cada diez transportistas son extorsionados según Fenatrans; miles de bodegueros, mototaxistas y comedores populares, extorsionados día a día. Según la Cámara de Comercio de Lima, la inseguridad ciudadana cuesta 6,000 millones de soles anuales (3,5% del PBI), pero el Gobierno quiere gastar US$3,500 millones en aviones de guerra.
Las cifras no son terrorismo de imagen, como sostiene la presidenta Dina Boluarte, son una realidad, como la voz de los desesperados transportistas y bodegueros que anuncian un paro nacional indefinido; esta vez, apoyados hasta por la Confiep. Se suma el Sutep, que anuncia huelga nacional, lo que afectará a los escolares.
“El Perú no se detiene” es un lema absurdo. ¿Quién es el ‘ideólogo’ de esa frase contraproducente? Un eslogan desconectado del sentir de las calles no alcanza para cirugía estética de la desaprobación presidencial.
Frases cínicas hemos tenido en abundancia en este Gobierno y no han logrado detener los mínimos históricos de desaprobación. Desde la Independencia, hemos tenido 69 presidentes y doce Constituciones, y Dina Boluarte ha batido el récord en baja aprobación ciudadana, superando a Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, este último fue vacado con 8% de aprobación.
La desconexión entre el discurso y la realidad pasa factura. Más de la mitad de ciudadanos rechaza al Gabinete Ministerial, y el Congreso de la República tiene apenas 9% de aprobación. Es inaceptable la narrativa idílica que nos muestran las autoridades mientras la delincuencia crece y mata peruanos. Los gobernantes, es un decir, atacan a los periodistas en un intento por silenciar las voces críticas, en lugar de trabajar para garantizar el bienestar de la población.
La situación se agrava. Los transportistas piden la derogatoria de una ley que favorece a los criminales, entre ellos, extorsionadores y funcionarios corruptos (Ley 32108). Los congresistas, muchos de ellos investigados por presuntos delitos y vínculos con organizaciones criminales, se resisten a derogar una ley que les da el marco legal para evadir severas condenas. Es repugnante que busquen protección a sus delitos a costa de peruanos muertos cada día.
En un escenario de incertidumbre, es un agravio a los ciudadanos lanzar frases como “El Perú no se detiene”, mientras aumenta la incertidumbre y el temor. Es hora de que entiendan que cada peruano acribillado es una vida por la que tendrán que responder el Gobierno y el Congreso, que se niegan a detener la criminal inseguridad.
