Estimado lector, como lo veníamos analizando y expresando en varias columnas publicadas en Perú21, el Gobierno y el Congreso están llevando al país y a la población a una situación extrema, poniendo en juego la gobernabilidad, y, evidentemente, eso va a terminar con la caída de este régimen. Después de un largo periodo de letargo y apatía política, frente a todos los atropellos que han venido cometiendo los congresistas con el aval de Dina Boluarte, era notorio que esto iba a estallarles en la cara, ante tanta prepotencia y abuso de poder.
Este escenario proyectado se está dando con el inicio de las protestas ciudadanas convocadas por los gremios de transportistas, porque el hartazgo en la población se hacía notorio, las propias encuestas lo decían con los paupérrimos niveles de aprobación del Gobierno y el Congreso; sus autoridades venían perdiendo legitimidad con un deterioro de imagen y credibilidad que hoy ya se hace manifiesta, porque en las últimas encuestas se bate el récord de niveles de desaprobación en toda la historia.
Los paros convocados por los transportistas han sido el punto de inflexión que ha despertado en el país la necesidad de hacerle un pare en seco al régimen, cansados de tanto abuso y atropello congresal, que ha sometido a sus designios a un Gobierno pusilánime, que no solo ha arriado sus banderas de izquierda, sino que se ha vuelto cómplice y servil a los intereses de los sectores más recalcitrantes de la política, expresado en el pacto infame del fujicerronismo y el acomodo tradicional de las otras bancadas, que también han sacado provecho de todo este desmadre.
Me reafirmo en mi análisis y en el hecho de estar viviendo el preludio de la caída de este Gobierno y de este Parlamento, porque van a caer juntos. Ahora sí ya es insostenible que uno de los poderes se mantenga, porque la población ya despertó y se ha activado la protesta a nivel nacional. Por eso diferentes sectores están convocando a un paro nacional contundente, que va a poner al régimen contra las cuerdas, porque en el pedido ya no importa si se deroga o no la infame Ley 32108 que favorece al crimen organizado. Ahora se ha tomado conciencia y el pedido es que se vayan todos y el adelanto de elecciones.
Ensimismados por el poder, Boluarte y el Congreso creyeron que podían seguir atropellando al país y que tenían un cheque en blanco hasta 2026; se equivocaron de cabo a rabo, ahora tendrán que asumir las consecuencias de sus actos infames.
