[Opinión] Yesenia Álvarez: El preocupante fact checking oficial

En el Encuentro Internacional “Decide con información” organizado en Lima por el PNUD con el fin de dialogar sobre cómo la desinformación amenaza la democracia, me ha llamado mucho la atención que no consideren cuestionable o por lo menos polémico que desde el Estado se utilice el fact-checking, ya que incluyeron en el programa la presentación de las unidades de los organismos electorales que hacen esto.

La tendencia del fact-checking aparece como un instrumento que sirve a los ciudadanos frente a la desinformación, venga de donde venga. Y la democracia consiste en limitar el poder de desinformación que tienen los gobiernos, así que la vocación democrática debería llevarnos a considerar por lo menos preocupante que aparezca una especie de comités o unidades estatales de fact-checking que le van a decir a los ciudadanos qué es verdad y qué no.

La sola idea de un fact- checking oficial desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debería generar preocupación porque en sí, que el Estado se arrogue la facultad de ponerle peso y visualización de oficialidad a información que es debatible, interpretable, y en muchos casos en reclamos o controversias que lo involucran, no es muy democrático. Como expresa el comunicador Diego Ato, “es engañoso utilizar la denominación de fact-checking si la misma institución involucrada indica que la información es falsa sin que hubiese un verificador externo o un medio independiente”. El resultado es un absurdo Estado verificándose a sí mismo. En Gestión, el abogado Óscar Sumar también ha alertado respecto de esto y ha señalado que “el fact-checking oficial debería estar prohibido o regulado de manera restrictiva a fin de evitar el grave riesgo para la democracia que este significa”.

Como toda institución pública, el JNE y la ONPE tienen información que comunicar dentro de lo que les compete y esta puede ser efectuada por medio de notas de prensa, declaraciones de sus representantes, o en sus redes sociales, y a quienes precisamente buscan combatir la desinformación debería preocuparles que estos comités estatales “de la verdad” usen el sello rojo de “falso” y la denominación fact-checking, a veces ridiculizando, para visibilizar y pasar como indiscutible información que es solo su posición o una versión más respecto de un asunto.