Elegir a los mejores

La selección de funcionarios con altos estándares éticos es esencial a fin de garantizar integridad en políticas públicas. Incluir medidas que funcionen como un filtro para contar con candidatos idóneos, así como herramientas para disuadir conductas delictivas. El potencial de estos mecanismos es mayor cuando los votantes están más y mejor informados sobre partidos y candidatos. Estas son algunas conclusiones del libro Integridad en las políticas públicas, recientemente publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

Se contrapone el concepto de integridad al de corrupción. La integridad en las decisiones de política pública implica maximizar el bienestar colectivo. La corrupción es la explotación de las atribuciones de la función pública para obtener beneficios privados.

Los estudios comparados muestran que las contiendas electorales competitivas y en las que las características de los candidatos son muy visibles, llevan a la elección personas con mejor desempeño. Las elecciones primarias constituyen una herramienta útil para estimular mayor competencia en los procesos de nominación de candidatos al interior de los partidos. Asimismo, se recomienda mejorar la regulación del financiamiento de la política, particularmente, de las campañas electorales. Se considera clave en la agenda de integridad para incidir sobre el entramado de relaciones entre el sector privado y la política. Es fundamental que el financiamiento de una campaña no sea determinante en definir el éxito de la contienda, pues grandes aportes privados pueden profundizar desigualdades en términos de competencia. Reducir el peso de cada aportante del sector privado en el financiamiento limita su capacidad de influir en las decisiones de política.

La corrupción es un problema que preocupa a los ciudadanos y es incluida prioritariamente en la agenda para el próximo Congreso. La XI Encuesta Nacional Anual sobre Percepciones de Corrupción (Proética e IEP) recientemente publicada muestra que esta es percibida como el segundo problema más importante del país, solo superado por la delincuencia. Los peruanos nos hemos sensibilizado respecto de conductas que pueden calificarse como corruptas. Sin embargo, hay mayor tolerancia hacia aquellas realizadas de manera cotidiana por el ciudadano común (evitar pagar el IGV, pagar coima) que cuando el implicado en actos corruptos es un político o una autoridad. En el caso del Congreso, la percepción de corrupción aumenta de 45% a 76%. Urge sensibilizar sobre la corrupción cotidiana pues la representación política es un reflejo de la ciudadanía. Si queremos elegir autoridades probas, mostremos más intolerancia a la corrupción cotidiana.