Como si los peruanos no tuviéramos suficiente con la ola delictiva que mantiene en vilo al país, las instituciones llamadas a administrar justicia están siendo objeto de lo que parece un acoso orquestado desde las esferas del poder en el Perú.
Así, la Junta Nacional de Justicia, que ha cobrado una presencia inusual en la escena política desde hace unos meses, ha puesto en marcha, casi en simultáneo, dos procesos que levantan todo tipo de sospechas.
Con una variopinta gama de integrantes, este organismo del Estado, que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en el Perú, tiene actualmente bajo escrutinio a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La primera, por la denuncia de un coronel –pasado al retiro por irregularidades en sus gastos– que pretendía retornar al servicio activo. El expediente disciplinario que le han abierto a Tello tranquilamente podría desembocar en su destitución. Y ello, en un contexto en que la Corte Suprema, tutelada por esta magistrada, investiga casos de corrupción que involucran a congresistas y a la propia presidenta Dina Boluarte.
A su vez, Delia Espinoza ha sido “empapelada” por quien probablemente sea el peor ministro del Interior de las últimas décadas, Juan José Santiváñez. El titular del Mininter pide al Congreso, entre otras lindezas, 10 años de inhabilitación para la fiscal por supuesta filtración de documentos. Y por las mismas razones, exige también a la JNJ su suspensión inmediata.
Si algún turista desavisado intentara retratar al Perú en estos momentos, en la postal aparecería un país cuyas autoridades, en lugar de ponerse a trabajar para solucionar los problemas más graves de sus ciudadanos, prefieren querellarse entre ellas para cobrarse revanchas políticas o proteger intereses particulares.
Consultados por Perú21, experimentados hombres de leyes como el exprocurador Antonio Maldonado (“la denuncia contra la jueza Tello es totalmente arbitraria” y “sin pies ni cabeza”) y Miguel Pérez Arroyo (refiriéndose a Santiváñez: un ministro de Estado no está para andar “denunciando y entrando en conflictos con funcionarios con los que debiera trabajar de manera orgánica y coordinada” para combatir la delincuencia) descalificaron ambos procesos.
Lo cierto, entonces, es que una vez más se intenta manipular la administración de justicia cuando esta se moviliza contra los poderosos intereses de lo ilícito. Y al debilitar o poner en entredicho el imperio de la ley, es la credibilidad de la democracia peruana la que sale perdiendo.
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