En defensa del ciudadano

El cierre de ciertas universidades por no alcanzar los estándares requeridos por la Sunedu me lleva a insistir sobre la importancia de que quienes tienen menos recursos reciban los mejores bienes y servicios: desde el refrigerador que probablemente sea lo poco que pueda comprar una familia; hasta la educación que, con mayor esfuerzo, aún logran pagar.

Una de las mayores estafas es ofrecer a una persona la capacitación para desempeñarse como ingeniero, administrador o médico, sabiendo que, culminados los estudios, no podrá conseguir empleo por falta de capacidades.

El cierre de instituciones educativas (privadas o públicas) que no cumplen los estándares sería una de las pocas ocasiones en que el Estado está asumiendo su responsabilidad de garantizar que el servicio que se vende es de calidad y que por eso se permite que esté en el mercado. Aunque pueda parecer lejano, quienes tomaron el autobús que se incendió en un paradero clandestino no tenían obligación de investigar si se cumplían las normas de seguridad. Esa es obligación del Estado y la existencia del servicio debería ser garantía de que las condiciones son óptimas. Lo mismo debe ocurrir con centros de cirugía, tratamientos dentales o institutos técnicos.

Y en cuanto al ámbito laboral, resulta inaceptable que dos jóvenes hayan perdido la vida trabajando en un lugar que, siendo formal, no tenía las condiciones de seguridad elementales. La diferencia con lo ocurrido en Las Malvinas, con los jóvenes muertos en un incendio que todavía nos trae pesadillas, es que este último tipo de accidente es más frecuente, oculto y su detección requiere más esfuerzo. Pero, en materia de DD.HH., el deber del Estado es proteger. Y, para exigir a otros, no puede eximirse él.