El entierro prematuro

Ricardo Vásquez Kunze,Desayuno con diamantesEl caso Helios es singular. Existiendo 11 presuntos delitos de por medio, el acusador principal del primer ministro hace de las "razones morales" el eje para pedir su renuncia o censurarlo.

Cuando escuché esta última semana al congresista Víctor Andrés García Belaunde invocar razones de "moral pública" para exigir la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, pensé que, en algún recodo de la Historia, Nicolás Maquiavelo había sido "enterrado" políticamente para siempre sin pena ni gloria. No sé cuándo ni cómo habría sucedido, pero el hecho de mezclar política con moral solo puede ser posible en un mundo donde la política se convierte en un satélite de cualquier otra consideración ajena a sí misma. Y eso era precisamente en lo que Maquiavelo no creía, al hacer de la política el sol de un sistema que giraba en torno a sus propias reglas.

Curiosamente, el caso Helios –sol radiante en griego—está poniendo a prueba el "momento maquiavélico". Como ya existe amplia información al respecto, baste decir que Helios es una empresa en la que trabajó, hasta el filo de su incursión pública, el hoy quinto primer ministro del gobierno del presidente Humala. Es precisamente ese "filo" el que ha puesto en duda su idoneidad ministerial y continuidad en el gabinete por parte de la oposición, en este caso liderada por García Belaunde.

El hecho es que a él se le imputan 11 delitos en la Comisión de Fiscalización del Congreso donde el primer ministro acudió este último miércoles. De más está decir que no hay acusaciones de índole moral simplemente porque no puede haberlas, a no ser que lo "moral" sea en realidad un eufemismo para decir "político". Y es que es muy distinto en la percepción de la opinión pública botar a alguien por "razones morales" que por "razones políticas". El último caso sugiere una arbitrariedad mientras que el primero, una cuestión de justicia.

Esa es la razón por la cual el Congreso, amparado por la Constitución, puede destituir por "incapacidad moral". En realidad no hay tal. Cualquier destituido por "incapacidad moral" lo está por una razón política. Por eso es que la eventual sanción de inhabilitación no es moral, como debería seguirse de la incapacidad, sino política, que es el verdadero meollo del asunto. Así, un funcionario destituido o sancionado por "incapacidad moral" no puede, según sea la voluntad del Congreso, ejercer ningún cargo público por un lapso determinado, por ejemplo. En otras palabras, no puede ejercer ningún cargo político.

Es obvio que las infracciones legales de un ministro ni son morales ni son políticas. Según su gravedad, son simples delitos. Ningún delincuente puede estar a la cabeza de un ministerio. Pero los delitos, por supuesto, tienen que ser probados. En el Congreso, su presunción tiene que ser tan evidente como para poner al político en manos de la justicia, pues solo esta es la autorizada a administrarla.

El caso Helios es singular. Existiendo 11 presuntos delitos de por medio, el acusador principal del primer ministro hace de las "razones morales" el eje para pedir su renuncia o censurarlo. Eso debilita la causa del congresista García Belaunde, que es el que lo ha denunciado.

Y si esto es así, la que se fortalece políticamente es la causa del premier. La razón es muy sencilla. Nadie quiere un sexto primer ministro ni un sexto gabinete en menos de tres años de gobierno. ¡Eso sería un promedio de dos gabinetes por año! A todas luces una inestabilidad política contraproducente, máxime si el gabinete Cornejo acaba de iniciar funciones luego de que el Congreso casi le negara la investidura de confianza por culpa de Nadine Heredia.

Son razones políticas las que harán que René Cornejo se quede por ahora donde está. Su entierro ha sido prematuro. Tanto como el de Maquiavelo. Y en este último caso cuánto me alegra por la política que los anuncios fúnebres de nuestro querido 'Vitocho' no sean su especialidad.