Escudo y no ratonera

El Congreso viene discutiendo el futuro de la inmunidad parlamentaria. Si bien se han presentado 14 proyectos, el punto central sobre quién debe levantarla se reduce a tres opciones: mantener la decisión en el Congreso, dársela a otro órgano o eliminar la figura por completo. Como toda reforma constitucional, es aconsejable guiarse con cabeza fría antes que con el hígado.

El sentido de esta protección especial es que el Congreso pueda cumplir sus funciones sin condicionamientos. Ningún parlamentario puede ser procesado o detenido sin autorización previa: el levantamiento de la inmunidad. ¿Por qué necesitan el escudo? A diferencia del común de la ciudadanía, los congresistas están más expuestos al poder de mafias, políticos y grupos económicos. Se quiere evitar que, bajo la apariencia de una acción de la justicia, se escondan persecuciones, amedrentamientos o venganzas.

Es un hecho que diversas mayorías han abusado de la inmunidad para blindajes. Pero ello no torna a la garantía en inútil para la democracia. Cuando no disuade directamente, su existencia permite depurar pedidos malintencionados. Por poner ejemplos recientes, los excongresistas Tejada, García Belaunde y Mora habrían enfrentado mayores obstáculos en su actuación sobre el gobierno aprista, Orellana y la reforma universitaria, respectivamente, de no tener esta protección.

Salvo que se quiera seguir deslegitimando al Congreso, se precisa un cambio sustancial. El último predictamen de la Comisión de Constitución planteaba trasladar la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad a un órgano autónomo. Bajo un esquema de pesos y contrapesos, parece ser la mejor opción. Ataca la causa inmediata del descrédito, que los propios congresistas decidan, pero salva la inmunidad. Esto es, permite que el escudo siga existiendo, pero evita su uso como ratonera.