En los últimos meses, el debate en torno a los contratos de estabilidad jurídica ha cobrado fuerza nuevamente. En un contexto como el peruano, donde la incertidumbre política parece ser la norma, la estabilidad se vuelve un recurso valioso. Sin embargo, no siempre se tiene claro en qué consisten estos contratos y qué implican para nuestro desarrollo. Por ello, vale la pena aclarar su importancia.
Los contratos de estabilidad jurídica fueron diseñados para ofrecer garantías a los inversionistas en términos de predictibilidad. Estos contratos permiten que las reglas del juego se mantengan constantes durante un periodo determinado, normalmente entre 10 y 15 años. Así, las empresas pueden operar con la certeza de que las condiciones tributarias y regulatorias bajo las cuales tomaron sus decisiones de inversión no cambiarán arbitrariamente.
Las críticas a estos contratos se centran en la idea de que conceden beneficios excesivos a las empresas. No obstante, debemos analizar el costo de no ofrecer estabilidad. Sin estos acuerdos, el incentivo para que los inversionistas arriesguen su capital en proyectos de alto impacto, como infraestructura o energía, se vería considerablemente disminuido. La estabilidad jurídica no es un privilegio, sino una herramienta para asegurar inversiones que contribuyan al desarrollo del país y a la generación de empleo.
Estos contratos también implican compromisos por parte de los inversionistas. No es simplemente una garantía unilateral, se exige a las empresas que cumplan con niveles de inversión y condiciones que redunden en beneficios concretos para la economía nacional. En otras palabras, los contratos de estabilidad jurídica son un pacto de doble vía: el Estado ofrece certezas, y la empresa ofrece crecimiento y desarrollo.
La modificación de la Ley que regula los convenios de estabilidad jurídica, que establece una sobretasa del 2% para ciertos contratos de estabilidad, ha generado un impacto significativo en el atractivo del Perú como destino de inversión en los últimos años. Esta medida ha disuadido a muchas empresas de traer sus capitales a nuestro país, con un costo evidente en la creación de puestos de trabajo formales y la consecuente reducción de la pobreza.
En un contexto global altamente competitivo, Perú busca atraer inversiones que compiten con otros destinos en el mundo. Aunque aún enfrentamos desafíos como la reciente rotación presidencial, con cinco mandatarios en los últimos cinco años, esta misma situación destaca la importancia de ofrecer garantías adicionales a los inversionistas para mantenernos competitivos. La estabilidad jurídica, entonces, no solo es un recurso deseable, sino una ventaja estratégica que impulsa nuestro desarrollo en medio de un entorno político cambiante.