Fátima Toche: Manan Kanchu

A raíz de una reciente columna de Alfredo Bullard, leí muchos comentarios de gente que, desde el reducido panorama que da analizar los problemas sociales y estructurales del país a partir solo del costo-beneficio, criticaba el Proyecto de Ley 5130/2015, el cual plantea que la información relevante contenida en el etiquetado de productos manufacturados debe brindarse tanto en idioma castellano como en la lengua originaria prevalente en el ámbito geográfico al que sean destinados.

¡Qué lisura! ¡Cómo vamos a chocar con el bolsillo de los empresarios!, decían algunos. Otros, con más pudor, planteaban su disconformidad como un perjuicio hacia los contribuyentes, pues con nuestros impuestos –tan abusivos y peor gastados– se tendría que fiscalizar esa "nefasta" norma. Sin negar que dicho proyecto, como cualquier otra iniciativa legislativa, es perfectible, hagamos el intento de contextualizar a sus detractores.

La Constitución peruana señala claramente que son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes.

Partiendo de ello, y en virtud de principios también constitucionales de igualdad y no discriminación, es válido que se exija que la información relevante para decisiones de consumo o para el ejercicio de la ciudadanía esté disponible en los idiomas reconocidos por el Estado.

¿O acaso las personas que hablan quechua y aimara no son consumidores? ¿No pagan por productos y servicios como nosotros o aún más, incluso? ¿Les hacemos acaso un favor al reconocerles derechos?

Al parecer sí, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que este establece que el derecho a la información del usuario figure solo en idioma castellano, excluyendo a los más de cuatro millones de habitantes que hablan lenguas originarias.

Incluso el Banco Mundial en su documento Latinoamérica indígena en el siglo XXI ha reconocido la deuda social con las comunidades indígenas en la región y la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas para su inclusión, haciendo énfasis también en la reafirmación de lenguas nativas, que son un factor clave de la identidad de los pueblos.

Por ello, los derechos civiles y humanos no pueden medirse en términos económicos o de conveniencia. Simplemente deben respetarse porque son el fundamento de nuestra convivencia en sociedad.