En días recientes el Gobierno removió de sus cargos al presidente y gerente general de Petroperú ante evidente mal desempeño en sus funciones. En una entrevista posterior la flamante ministra de Economía mencionó que estaban buscando a las personas idóneas para reemplazarlos y repitió lo que hemos escuchado muchas veces: que Petroperú es “un activo estratégico”. ¿Lo es realmente?
Un activo o sector es verdaderamente estratégico cuando su disfunción compromete la seguridad, la soberanía o la estabilidad esencial del país. No basta con que sea importante o grande: es estratégico aquello sin lo cual el Estado no podría garantizar el funcionamiento adecuado de la sociedad, como podrían ser la defensa, el orden interno, la infraestructura básica, la educación y la salud. Lo estratégico se define por su función y relevancia.
¿Cumple Petroperú con esos criterios? Difícilmente. No garantiza la seguridad energética ni cumple un rol insustituible en la cadena de abastecimiento. El mercado peruano de combustibles está bien abastecido por operadores privados, y la participación de Petroperú no ha evitado ni una sola crisis energética. Por el contrario, su peso fiscal y sus pérdidas reiteradas han sido un riesgo para la estabilidad macroeconómica. La refinería de Talara costó más del doble de lo previsto, comprometiendo miles de millones de dólares en deuda pública y sin generar los retornos esperados. Petroperú es una empresa estatal con graves problemas de gestión que compite en un mercado donde no es indispensable.
Tampoco debemos confundir lo estratégico con lo que debe manejar el Estado. El objetivo estratégico del Perú en materia energética no es poseer una empresa estatal, sino asegurar el abastecimiento confiable y competitivo de combustibles. Ese propósito puede cumplirse perfectamente con empresas privadas bajo regulación efectiva. Lo estratégico es la política energética, no la empresa.
Llamar “estratégico” a Petroperú ha servido para evitar decisiones de fondo: reestructurarla, o mejor aún, forzar una salida ordenada a través de un proceso concursal con participación de todos sus acreedores que permita vender activos, reestructurar sus pasivos y redefinir sus operaciones legítimas y viables sin seguir pasándonos la factura. Se invoca la “soberanía energética” para justificar la ineficiencia y el despilfarro. El nacionalismo empresarial de antaño no tiene sentido en un mundo donde la seguridad energética depende de marcos regulatorios estables y de diversificación de fuentes, no de tener un dinosaurio estatal.
Confundir “estratégico” con “estatal” es un error de concepto que cuesta caro. Lo estratégico debe servir al país, no al Estado empresario. Si Petroperú fuera realmente estratégico, estaría protegiendo la economía nacional, no amenazándola con su fragilidad financiera. Pretender reestructurar una empresa quebrada y controlada políticamente es una ilusión. ¿Cuántos gobiernos y ministros nos han ofrecido lo mismo? La verdadera responsabilidad fiscal —y el auténtico sentido de lo estratégico— pasa por reconocer cuándo un proyecto estatal dejó de ser solución para convertirse en problema. ¿Nos atrevemos a enfrentarlo?