La semana pasada, la administración Trump suspendió todos los programas de USAID (la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional) y envió a casa a casi todos sus empleados a nivel mundial. Por la naturaleza de sus funciones, financiar programas de cooperación internacional mediante donaciones, USAID era una perita en dulce para Musk y su equipo encargado de reestructurar el gobierno americano para reducir costos (aunque representa solo 0.6% del presupuesto nacional). El Gobierno encargó al Secretario de Estado, Marco Rubio, la tarea de revisar y reorganizar las actividades de la agencia en un plazo de noventa días, pero el cierre abrupto de sus actividades presagia su clausura. Ciertos excesos recientes en algunos programas de apoyo a actividades “woke” o progresistas, impulsadas por ONG de izquierda en algunos países beneficiados, ocasionó que pocos salieran a defenderla a pesar de décadas proveyendo ayuda humanitaria en los lugares más necesitados del mundo.
USAID fue creada en 1961 por el presidente Kennedy para coordinar las iniciativas de desarrollo internacional del Gobierno estadounidense para reducir la pobreza, fortalecer las instituciones democráticas, atender crisis humanitarias y promover el progreso económico y social en diversas regiones del mundo. En 1998, el Congreso la estableció formalmente como una agencia independiente. Ha trabajado durante más de 60 años bajo administraciones demócratas y republicanas apoyando a más de 120 países en múltiples aspectos, incluyendo salud, educación, cambio climático, seguridad alimentaria, igualdad de género y promoción de la democracia y derechos humanos. También desempeñó un papel importante en la respuesta a desastres naturales y conflictos, entregando asistencia humanitaria para impedir hambrunas y la expansión de enfermedades como VIH/Sida, paludismo, cólera, malaria, sarampión y tuberculosis.
El Perú, sin estar en la lista de países pobres, ha recibido cientos de millones de dólares a lo largo de los años en proyectos muy importantes como promover cultivos alternativos a la coca o proteger el medioambiente, los recursos hídricos y la Amazonía, entre otros. El programa 2020-25 estaba centrado en reforzar nuestra capacidad para enfrentar una serie de males que nos aquejan: el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el impacto climático devastador de la minería y tala ilegal de bosques, y la mayor presión sobre los servicios públicos por la fuerte migración venezolana.
Su desaparición como agencia independiente parece inevitable en una administración donde la cooperación internacional tiene baja prioridad. Se especula que el Departamento de Estado la absorbería. Lo relevante, sin embargo, no es su futuro, sino el de aquellos programas que son críticos para personas vulnerables en el mundo, ya sea por la pobreza extrema de sus países, por ser refugiados o víctimas de diversas guerras (Gaza, Sudán, Congo, Siria, Mali y Ucrania, entre otras) o de desastres naturales. Su suspensión, aunque sea temporal, pone en duda el compromiso humanitario de EE.UU. en el mundo. ¿Tendrá buen futuro la cooperación internacional americana?